Si bien los datos no son definitivos, Ribera señaló el pasado martes que las emisiones del sector de la generación eléctrica -responsables de más del 50% del total de emisiones- se redujeron un 16,1%, mientras que las de los sectores industriales disminuyeron 10,2%. La secretaria de Estado declaró que resulta "extraordinariamente estimulante" la evolución del sector eléctrico, ya que al tiempo que experimentó tal descenso aumentó su producción en un 1%.
Pese a estas reducciones, ambos sectores presentan un déficit del 5,9% al confrontar las asignaciones de derechos con las emisiones generadas, si bien faltan 11 instalaciones por facilitar las cifras.
Estos datos, junto a los de los sectores difusos (transporte, agricultura, sector residencial y otros) que no adelantó, supondrían el descenso global de las emisiones del 8% mencionado anteriormente. La secretaria de Estado atribuyó esta caída la combinación de precios altos de las materias primas energéticas y de la tonelada de CO2 en el mercado europeo, así como a la mejora continua de la intensidad energética por cuarto año consecutivo y el creciente peso de las energías renovables en el mix de generación.
Los datos abarcan el primer año del periodo del Plan Nacional de Asignación 2008-2012, que a su vez es el primer año de cumplimiento del Protocolo de Kioto. Ahora bien, con este descenso, las emisiones españolas de CO2 se situarían alrededor del 42% por encima de las registradas en 1990 (España debe situarse sólo un 15% por encima de estas emisiones en el periodo 2008-2012).
La crisis, responsable parcial de la caída de las emisiones
Aunque Ribera achacó esta reducción sólo en parte a la crisis económica, la caída en la producción en la industria de tejas y ladrillos, la de azulejos y baldosas y la de cemento, provocó la caída de las emisiones con respecto a 2007 en un 29,9%; en un 15,5% y en un 14,8% respectivamente.
Mesa de Diálogo Social
La Mesa de Diálogo Social fue creada por la Ley 1/2005 y el Gobierno convocó la primera reunión de la Mesa en abril de 2006. La Mesa está compuesta por representantes de los sindicatos mayoritarios a nivel estatal y autonómico, de las organizaciones empresariales también más representativas (CEOE y CEPYME) y de la Administración del Estado. Este encuentro se configura como un espacio de reflexión, con la función de analizar las consecuencias y efectos que puedan derivarse del Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión en la actividad productiva, la competitividad y el empleo.
