Dichas asociaciones, si bien consideran positivo que las Administraciones inyecten dinero público para garantizar la supervivencia de determinadas empresas y ayudar a conservar los puestos de trabajo, lamentan que "siempre se ignore a los sectores más débiles e inestables". "La repercusión mediática que supone que una gran multinacional presente EREs hace que la Administración reaccione de manera inmediata. Esto no sucede cuando se habla de pequeñas empresas y autónomos, donde el daño de la destrucción de empleo se realiza a pequeña escala y paulatinamente", pese a que "está demostrado que son los autónomos y pymes quienes generan más empleo, y por tanto realizan una mayor actividad económica, contribuyendo al sostenimiento económico de las arcas públicas".
"Los transportistas somos un sector débil, manipulable e inestable", reflexionan desde las organizaciones. "Y la culpa no es únicamente del Sector, sino en gran parte de la propia Administración, que no ha sabido legislar debidamente para regularizar la situación. Está claro que su objetivo es la liberalización, pero las medidas que se están llevando a cabo, modificando continuamente la Ley y el Reglamento de Transportes, no están ayudando en nada; más bien todo lo contrario".
Propuestas
En vista de este panorama, en el que la Administración manifiesta una actitud "de pasividad total, mirando para otro lado y esperando que la situación se regularice por sí misma", las federaciones han elaborado una lista de propuestas para la Junta de Castilla y León. Estas propuestas son:
1) Dotación de un fondo de ayuda al sector para sanear sus economías y facilitar el acceso al crédito de manera rápida y sencilla.
2) Paralización de los expedientes sancionadores hasta que se reforme el baremo sancionador, "teniendo en cuenta que se está realizando la reforma del baremo sancionador, para armonizarlo con la Unión Europea, y que España es el país que aplica mayores importes".
3) Mayor flexibilidad por parte de la inspección.
4) Mayor control del transporte internacional, en especial con el cabotaje de vehículos portugueses.
5) Mayor agilidad de las Juntas Arbitrales de Transporte, por tratarse de un "procedimiento muy lento, debido a que únicamente existe una única Junta Arbitral", y que pese a ser gratuito, en caso de no aceptación por parte del demandado, se hace necesario contratar los servicios de abogado y procurador para acudir a los Juzgados a efectos de ordenar la ejecución del laudo.
6) Posibilidad de efectuar bajas temporales de tarjetas de transporte, ya que muchas pymes, pese a tener gran parte de la flota parada, se encuentran con que deben mantener todos los vehículos y cotizar por ellos ante las distintas Administraciones (en especial las empresas acogidas a módulos), sin que se esté trabajando, lo que aumenta aún más las pérdidas económicas.
Las asociaciones firmantes han solicitado la convocatoria urgente de una reunión con el presidente de la Junta y los consejeros de Transportes y Economía para tratar estos y otros temas.
