Para esta organización, la sentencia del Alto Tribunal obliga a adaptar la retirada de puntos al modelo de legislación europeo, en el que la pérdida de puntos constituye una sanción y puede ser recurrida como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La sentencia del Supremo también ha obligado a las administraciones implicadas a una revisión de oficio de los expedientes en los que constan estas retiradas de los puntos y que la AEA calcula en dos millones de conductores afectados. En su alegato, AEA pide también una intervención en esta cuestión del Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos por si el contenido de la sentencia pudiera motivar su intervención en defensa de los ciudadanos afectados. El carnet por puntos cumplió ayer tres años de vida en nuestro país.
