La nueva regulación, única e idéntica para los contratos de transporte por carretera y ferrocarril, viene a relevar al contrato de transporte terrestre, regulado en el Código de Comercio de finales del siglo XIX y que no había sido actualizado a pesar de que la operativa y los medios utilizados en el mercado de transporte han variado sustancialmente, en particular con nuestra integración en la Unión Europea, que ha diluido las diferencias entre transporte nacional e internacional.
La Ley aprobada por el Congreso es una norma esencial para el desarrollo de nuestro transporte y de los mercados que dependen de él, que se ajusta a la realidad del mercado actual y promueve la eficiencia, al permitir articular las soluciones que hoy demandan los clientes del transporte. Esta norma, que regula de forma equilibrada los derechos y obligaciones de las partes contratantes, aportará transparencia y seguridad jurídica en las relaciones mercantiles entre cargadores, transportistas y operadores de transporte, favoreciendo la colaboración entre ellos y una mayor competitividad empresarial tanto de transportistas como de cargadores, según el Ministerio de Fomento.
Consenso
Este nuevo marco contractual ha sido fruto de un amplio proceso de diálogo social y político desde que los Ministerios de Justicia y Fomento elaboraron un primer borrador, en colaboración de la Comisión General de Codificación. Así, el proyecto de Ley presentado por el Gobierno a la Cámara en 2008 recogía las contribuciones resultantes del debate en el Consejo Nacional de Transportes Terrestres y en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, de las organizaciones de empresas transportistas y cargadoras, sindicatos y otras entidades relacionadas con el transporte por carretera y ferrocarril y de las administraciones autonómicas.
En su tramitación parlamentaria, la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías se ha enriquecido también con las aportaciones de los grupos políticos, al haberse incorporado al texto definitivo el 70% de las cerca de 200 enmiendas presentadas en el Congreso y las más de 60 en el Senado.
