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Las empresas gallegas de transporte escolar advierten que el servicio se volverá ‘inviable’ con la rebaja del 7%

viernes 06 de noviembre de 2009, 01:00h

El sector del transporte escolar en Galicia ha manifestado a diversos medios de comunicación de la zona su disposición a asumir recortes en los contratos para los colegios, en medio de un proceso de negociación con la Xunta relativo al anteproyecto de ley que plantea ‘medidas urgentes’ para reordenar el sector. Sin embargo, ha advertido que si dicha rebaja alcanza el 7%, como pretende la Xunta, el transporte escolar se vuelve ‘inviable’.

A cambio de rebajar en un 7% la factura de los servicios del traslado a los escolares, se ha ofrecido a los transportistas una prórroga de los contratos hasta 2020. Aún así, la medida choca con la rentabilidad del negocio. Según publica El Faro de Vigo, José Carlos García Cumplido, secretario general de la Federación Gallega de Asociaciones de Transporte de Viajeros en Autocar (Transgacar), aseguró que "hemos ofrecido una posible reducción de las tarifas porque somos conscientes del coste que supone para la Administración, sobre todo en estos momentos de crisis, pero esa cantidad es tremenda y en muchos casos supone prácticamente perder los pocos beneficios que las líneas suponían".

El transporte escolar en Galicia, que recibe una partida cercana a los 100 millones de euros anuales (la mayor entre todas las comunidades autónomas) se ha convertido en un verdadero ‘salvavidas’ para muchas líneas convencionales deficitarias, dado que el gobierno regional ofrece la explotación del servicio escolar en determinadas zonas a compañías encargadas del transporte regular, permitiéndoles con ello equilibrar sus cuentas.

Por otra parte,  la ley que prepara la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras contempla que, a cambio de la prórroga en las concesiones, las compañías asuman un plan de modernización para reducir la edad media de la flota, incentivar el empleo femenino y la formación continua y establecer mejoras tecnológicas para el control  de los autobuses, sin que ello pueda ser repercutido en las tarifas o con ayudas públicas. Ante esto, el sector ha reclamado que el coste del plan de modernización se comparta.