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XX SEMANA DEL AUTOCAR Y DEL AUTOBÚS

La Comisión Europea estudia la queja de Fenebús contra las ayudas recibidas por Renfe Operadora

Durante la última jornada del Congreso se abordó la incidencia de la normativa europea en España

martes 17 de noviembre de 2009, 01:00h

La tercera y última jornada de trabajo de la vigésima edición de la Semana del Autocar y del Autobús de Fenebús estuvo protagonizada por una concurrida mesa de trabajo en la que los ponentes analizaron las repercusiones de la normativa de la Unión Europea.

En primer lugar, Emiliano Alonso, delegado de Fenebús en Bruselas y socio del bufete Alonso & Asociados, informó a los asistentes de que la Comisión Europea estudia la queja presentada por la federación por las ayudas que recibe Renfe Operadora, la unidad de negocio de la empresa ferroviaria que luego aplica tarifas bonificadas en corredores de Alta Velocidad y Largo Recorrido. Fenebús presentó la reclamación en julio de este año y ahora le toca a la Comisión determinar si abre un procedimiento contra España por conceder ayudas que distorsionan el mercado y la libre competencia y, por tanto, son contrarias al espíritu del Tratado. En caso de que las instituciones europeas decidan que las ayudas son ilegales, España debería devolver el dinero que ha concedido a la empresa pública.

A continuación, Juan Miguel Sánchez, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, analizó el momento de crisis que vive el Sector y cómo le afectará la inminente entrada en vigor —el próximo 3 de diciembre— del Reglamento 1370 sobre obligaciones de servicio público y la Presidencia española del Consejo de Ministros de la UE en el primer semestre de 2010. El reglamento cambiará algunos conceptos como la duración de los contratos entre la Administración y las empresas, la publicidad de los mismos, la adjudicación mediante procedimiento abierto, las compensaciones, la subcontratación, el derecho de tanteo y el principio de continuidad. En el caso de la Presidencia española, Sánchez indicó que existe "un trasfondo de imagen y prestigio" y es una oportunidad para "impulsar políticas de interés para España". En este periodo, intentarán promover la redacción del reglamento sobre derechos de los pasajeros, para "evitar que suponga un sobrecoste a las empresas", indicó Sánchez.

Exceso de normativa

Fernando Cascales, abogado especializado en transporte, puso el contrapunto en el análisis de la política comunitaria, de la que dijo que "no ha sido satisfactoria en 50 años, porque hace únicamente ocho que comenzó a desarrollarse". Recriminó la política de protección al ferrocarril y a las empresas públicas que practica la Comisión y afirmó que sólo legisla para las empresas privadas, que sufren de "un exceso de normativa" y de restricciones. Una prueba de esta afirmación es que el próximo Libro Blanco, "que está prácticamente ultimado", continúa "penalizando a la carretera" con costes innecesarios. Como conclusión, afirmó que España debe liderar un cambio en la política europea que derive hacia un menor intervencionismo, la liberalización del ferrocarril, la competencia real entre los distintos modos de transporte y una apertura real de los mercados.

José Antonio Cabrejas, director de Transportes de Castilla y León, centró su intervención en el Reglamento 1370 del que dijo que "debería haberse esforzado más en la claridad de la redacción". No obstante, cree que la norma comunitaria es positiva, ya que "ha conseguido trasladar a toda Europa el sistema concesional español". Cabrejas reiteró que en el ámbito de la legislación española es necesario promover una reforma de la LOTT y del ROTT y que las comunidades autónomas deben adaptar su normativa a los contenidos del reglamento europeo, recordó que Castilla y León ha tomado la decisión de conceder una prórroga a las concesiones para asegurar que todos los ciudadanos disponen de transporte público.

El análisis de la legislación europea finalizó con la ponencia de Susana Labiano, directora de Transportes de Navarra, quien adelantó que esta comunidad autónoma pondrá en marcha un plan integral de transporte, que implica una remodelación de todo el mapa concesional y su adaptación a la Ley Foral de Servicios, a la LOTT, el ROTT y el Reglamento 1370. La Administración navarra tiene intención de contar con los operadores para llevar a cabo el cambio.