El consejero de Transporte del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, acompañado del viceconsejero de su departamento, Ernesto Gasco; la diputada foral de Movilidad de Gipúzcoa, Arantza Tapia, y la concejala de Movilidad en San Sebastián, Maravi Dafauce, entre otros, ha ofrecido los detalles de este proyecto que persigue "coordinar la gestión del transporte público en todo el territorio".
Según ha recogido Europa Press, Arriola ha explicado que la Autoridad del Transporte de Gipúzcoa favorecerá "la cohesión y la mejora de los diferentes servicios de transporte público" que son competencia del Gobierno vasco, la Diputación y los ayuntamientos, de manera que éste "llegue a ser una herramienta eficaz frente al vehículo privado". De esta manera, la Autoridad contará con un 45% de participación del Gobierno Vasco, otro 45% de la Diputación de Gipúzcoa, y un 10% restante de los ayuntamientos de San Sebastián, Rentería e Irún. En este sentido, está abierta la inclusión en el proyecto a los ayuntamientos guipuzcoanos que lo deseen.
La presidencia de la Autoridad será rotatoria entre representantes del Gobierno Vasco y la Diputación, y se celebrarán reuniones de manera trimestral para "desatascar los proyectos y sacarlos adelante entre todos", afirmó Arriola.
Con esta constitución, las administraciones buscan convertir el transporte público en "una alternativa real" ante el vehículo privado y apuestan por "coordinar expertos bajo un objetivo común para orientar las inversiones en el trabajo a generar servicios eficaces a los ciudadanos".
70 millones de viajes
En este sentido, Gasco ha recalcado la importancia del nacimiento de esta Autoridad, que servirá para coordinar "los 70 millones de viajes anuales" realizados en transporte público por carretera y ferrocarril registrados en Guipúzcoa.
El organismo servirá para coordinar las operaciones de todas las administraciones adheridas a la Autoridad del transporte de Gipúzcoa y planificar sus inversiones, sobre "un esfuerzo común" para "lograr un objetivo compartido". Tapia valoró que el consorcio permita delegar competencias, "en el tiempo y forma que desee cada administración" para actuar de forma coordinada.
