Según informa Ifema en su Newsletter Ifema Motor, las administraciones deberán considerar el consumo de energía de los vehículos, el nivel de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y el volumen de emisiones de NOX, NMHC y partículas a la hora de renovar sus flotas a partir de 2011, según consta en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible.
Según dicha norma, las administraciones públicas "tendrán en cuenta los impactos energético y medioambiental de la utilización durante la vida útil del vehículo". Ello obligará a los organismos públicos a determinar las especificaciones técnicas de naturaleza energética y ecológica en la documentación relativa a la compra de vehículos. Cuando la adquisición se realice a través de un procedimiento de contratación pública, este será determinado en la propia Ley. Cuando en la decisión de compra se incluya el impacto energético y medioambiental, en los casos en los que se lleve a cabo un procedimiento de contratación pública, se tendrán en cuenta esos impactos como criterio de adjudicación. La Ley también recoge el fomento del uso de los vehículos eléctricos e híbridos, "así como la dotación de aplicaciones e instalaciones de energías renovables ligadas a estos vehículos.
Sin embargo, quedan excluidos de este criterio los vehículos utilizados en obras, canteras, instalaciones portuarias o aeroportuarias, así como los destinados al Ejército, Protección Civil, bomberos, fuerzas responsables del mantenimiento del orden público y máquinas móviles.
