El Servicio Vasco de Defensa de la Competencia tuvo conocimiento, a través de noticias publicadas en la prensa en noviembre de 2007, de un sorteo realizado por Sintrabi de diez licencias para poder desempeñar servicios de transporte de mercancías en el Puerto de Bilbao, así como de una recomendación del sindicato a sus asociados para incrementar los precios. Tras un periodo de información, se consideró que la Dirección de Investigación era el órgano competente para conocer del supuesto sorteo de licencias y el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia era el órgano competente en el tema de la supuesta recomendación de un incremento de precios.
Posteriormente, en agosto de 2008, la Audiencia Nacional indicó que debía remitirse a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) testimonio de determinados documentos obrantes en las diligencias previas que acreditan que Sintrabi y otras entidades "habrían participado activamente en prácticas restrictivas de la competencia".
Analizada la documentación recibida de la Audiencia Nacional, la Dirección de Investigación dedujo una posible vinculación entre la fijación de precios y el sorteo de licencias, por lo cual el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia resolvió, el 12 de junio de 2009, a petición del Servicio Vasco de Defensa de la Competencia, el archivo del expediente sancionador y su remisión a la CNC.
Tras el análisis de la documentación obrante en el expediente, la Dirección de Investigación de la CNC ha observado "indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por el artículo 1 de la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia, por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) y por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consistentes en el reparto de mercado y en la fijación de precios y otras condiciones comerciales en el sector del transporte terrestre en el Puerto de Bilbao".
Es importante aclarar que la incoación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.
Primeras reacciones
En declaraciones realizadas a NEXOTRANS.com, Amaia Martínez, secretaria técnica del sindicato, ha explicado que desde Sintrabi todavía no se ha hecho ninguna valoración a fondo del tema, ya que "de momento, simplemente hemos recibido la información de que se ha iniciado un expediente sancionador". Martínez ha transmitido la tranquilidad de Sintrabi respecto a la incoacción del expediente, ya que considera que "no hay base ni fundamento jurídico o legal alguno para mantener un expediente de estas características". "Confiamos en que se archive el expediente por ausencia de conducta punible", ha afirmado, remarcando que "no hay ninguna conducta que justifique una sanción por parte de la ley".
Si bien para Martínez aún es muy pronto para hablar de medidas a seguir, éstas serán consideradas a futuro "según como se desarrolle el tema".
