www.nexotrans.com

SATISFACCION DEL AUTONOMO

La Administración debe pagar en 30 días y el sector privado en 60, según la nueva Ley de Morosidad

Las organizaciones de autónomos aplauden la medida, aunque les gustaría que se aplicara por completo antes

miércoles 24 de marzo de 2010, 01:00h

La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición de ley para limitar a 30 días el plazo en que la Administración debe pagar a las empresas proveedoras, modificando la Ley de Morosidad, a lo que los autónomos reaccionaron con satisfacción.

La proposición supone la modificación de la Ley 3/2004 sobre morosidad en las operaciones comerciales, que establecía un régimen general de pago a 60 días, con excepciones a 90 días y una limitación de 30 para los bienes perecederos. Ahora, la Administración deberá pagar en un plazo máximo de 30 días, y el sector privado en 60, a partir del momento en que sus proveedores entreguen los bienes o presten los servicios contratados.

Según algunas estadísticas manejadas por los grupos parlamentarios, el plazo efectivo de pago es de unos 100 días en el sector privado, de 140 en la administración central, de 150 en la autonómica y de 238 días en la local. La iniciativa, que ahora debe ser ratificada por el Senado, propone un periodo transitorio de aplicación, de modo que la administración deberá reducir el pago a las empresas a 55 días desde su entrada en vigor; a 50 días a partir del 1 de enero de 2011; a 40 días en 2012, y a 30 días a comienzos de 2013.

El sector privado también contará con un periodo transitorio para reducir los plazos de pago a sus proveedores, a 85 días desde su entrada en vigor; a 75 días a partir de enero de 2012, y a 60 días en enero de 2013.

Reacciones ‘autónomas’

Upta considera que los contenidos básicos de la nueva Ley de Morosidad son acertados, ya que significarán en el futuro una reducción de los plazos medios de pago, tanto entre empresas como de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el acuerdo alcanzado desplaza excesivamente, hasta el año 2013, su completo cumplimiento efectivo, por lo que sus efectos no podrán beneficiar a las empresas en la actual situación de crisis.

El portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antonio Cañete, celebró por su parte que un año después de la primera movilización de pymes y autónomos para protestar por su situación, el Congreso haya favorecido un "cita histórica" para cambiar la ley, recalcando la importancia de que se suprima la posibilidad de que las partes pacten una moratoria entre las partes.

Por último, el director de Relaciones Institucionales de ATA, Francisco de Palacio, considera que es un "gran paso adelante" que debe materializarse en el Senado para parar la "gran sangría de autónomos", ya que la morosidad provoca uno de cada cuatro ceses de actividad de pymes y autónomos.