El texto, aprobado el pasado lunes y que deberá ser ratificado por el Consejo de Diputados, apuesta por la implantación de un canon en las carreteras de gran capacidad de Gipuzkoa, que serviría para financiar la construcción de infraestructuras viarias, así como la puesta en marcha de descuentos o desgravaciones para los usuarios guipuzcoanos de las mismas.
En el debate de la Comisión de Infraestructuras previo a la ratificación del documento, el juntero del PP en las Juntas de Gipuzkoa, Iñigo Manrique, censuró que "el único objetivo de esta medida", que al parecer afectaría en un primer momento sólo a camiones, es "el afán recaudatorio de la Diputación" que "sólo persigue preservar el equilibrio económico de Bidegi". A su juicio, ésta "se ampara en una falsa obligatoriedad, utilizando argumentos medioambientales y de conservación de las infraestructuras para implantar peajes», cuando la verdadera motivación es "la situación económica generada por el escaso tráfico que tiene la AP-1". Además, opinó que el sistema de descuentos que se plantea en el texto aprobado "es ilegal, en la medida que contradice la legislación comunitaria sobre competencia".
Por su parte, la portavoz del grupo juntero del PNV, Aintzane Oiarbide, aseguró que la Diputación busca lograr "un equilibrio territorial entre todos los guipuzcoanos", destacando que "una de las grandes prioridades es solucionar los problemas de tráfico que tenemos en la N-1". En este sentido, abogó por que sea "el tráfico de paso el que sea partícipe en la financiación de nuestras carreteras, cosa que actualmente no se consigue en gran medida".
