Según ha informado Fenebús, a través de su boletín semanal, la Directiva sobre los derechos de los accionistas introduce normas mínimas que garanticen que los accionistas de las empresas cuyas acciones se negocian en un mercado regulado tengan un acceso oportuno a la información pertinente antes de la junta general, así como procedimientos sencillos de voto a distancia.
Elementos importantes son la publicación de documentos en Internet y la posibilidad del voto por delegación y de participación electrónica. La directiva también suprime el bloqueo de acciones e introduce normas mínimas para que los titulares puedan hacer preguntas, poner puntos en el orden del día de la junta general y presentar resoluciones.
Tras este anuncio, algunas empresas de Fenebús han contactado con la federación para conocer exactamente el alcance de la directiva y ésta, a su vez, con su delegación en Bruselas, que ha remitido la siguiente respuesta:
- La Directiva 2007/36/EC sobre derechos de los accionistas debía ser incorporada a los ordenamientos jurídicos nacionales antes del 3 de agosto de 2009.
- A modo de inicio del procedimiento de infracción, en septiembre de 2009 la Comisión envió una serie de cartas de emplazamiento dirigidas a los 19 Estados miembro que no respetaron el citado plazo de transposición.
- Seis meses después, y ante la persistencia en la falta de transposición por parte de nueve Estados miembro, el 18 de marzo de 2010 la Comisión decidió enviar dictámenes motivados a Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y Suecia.
- La Dirección General de Mercado Interior ha contestado a Fenebús que el dictamen motivado concede un nuevo plazo de dos meses para que los mencionados Estados miembro completen la transposición a sus ordenamientos jurídicos nacionales.
- A modo de conclusión cabe señalar que si España no transpone de forma íntegra y adecuada las disposiciones de la Directiva antes del 18 de mayo de 2010, la Comisión pondrá el caso en manos del Tribunal de Justicia de la UE, solicitando además la aplicación de una sanción económica.
- En caso de que España notificase en dicho plazo la transposición de la Directiva, la Comisión llevaría a cabo un análisis para saber si se ha realizado de forma correcta, ya que sólo en ese caso España podría evitar su comparecencia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
