Dicho documento engloba los objetivos de articular un transporte más seguro y adaptado a las necesidades reales del usuario, el desarrollo de tecnología de planificación para optimizar las nuevas formas de energía, el aumento de la competitividad, la protección del capital humano y el incremento de la accesibilidad.
"El desafío es una movilidad sostenible, eficiente en energía y con el medio ambiente, para satisfacer una creciente demanda de viajeros y mercancías", señaló De la Rica. A esto se debe añadir la gestión de las emisiones, de la congestión de tráfico, del precio de combustible, el impulso de los medios públicos colectivos de transporte y las necesidades que genera el envejecimiento de la población.
Según De la Rica, el transporte de baja densidad o de baja demanda, que a su juicio no son lo mismo, se presenta en zonas rurales, zonas periféricas de las ciudades con baja densidad de población y en transportes colectivos especiales.
Además, aportó datos como que la población rural en Europa ascendía en 2005 a 93,5 millones de personas, un 20,6% del total, y ocupan el 54% del territorio. En España, hablamos de 6,2 millones de personas (15,1%) y ocupan el 47,4% del territorio, "aunque en algunos países, el porcentaje de la población rural supera el 60%", apuntó el vicepresidente de ITS España. "Estas personas pagan sus impuestos y tienen derecho a ver mejorada su movilidad, además de que esto representaría otros beneficios, como la liberación de camas en los hospitales, por ejemplo", aseguró De la Rica.
Ayudas
En cuanto a las ayudas, comentó que "la UE da soporte al transporte rural a través de los fondos Feder, los fondos de cohesión, las redes transeuropeas, el Banco europeo de inversiones, políticas ISPA y el programa Interreg, que persigue la integración del transporte tradicional con uno flexible a la demanda. Para ello, los ITS pueden aportar un nuevo concepto de transporte a la demanda, para que sea eficiente (en términos de viabilidad) y eficaz (es decir, satisfactorio para los usuarios)".
Como ejemplo, concluyó indicando que en Castilla y León, sin los ITS, el transporte a la demanda costaría cuatro veces más, se harían millones de kilómetros al año en vacío, y se emitirían 2.000 toneladas de CO2 más a la atmósfera.
