UPTA señala que la razón es que al extender a todas las empresas, con independencia de su dimensión, el plazo de sesenta días máximo para el pago de las cantidades facturadas, sin posibilidad de acuerdo contrario entre las partes, se ha aprobado también la aplicación de un periodo transitorio para su efectiva puesta en vigor, que llega a enero de 2013. Se trata por tanto de un plazo que no existía en las propuestas originales para autónomos y empresas de pequeña dimensión. Esta situación se ha creado por la presión de sectores de medianas empresas, cuyos derechos UPTA dice respetar, siempre que no alteren los derechos previos de los autónomos.
UPTA ha puesto el acento en esta incongruencia desde el primer momento, reconociéndose ahora como un 'error' por parte de sectores políticos y empresariales. "La solución podría venir a través de una enmienda en el trámite del Senado con el fin de exceptuar a autónomos y empresas de pequeña dimensión de lo establecido por la Disposición Transitoria que regula los plazos de aplicación", ha explicado Sebastián Reyna, secretario general de UPTA España.
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