En un comunicado, la Confederación afirma que "aunque defendemos el cumplimiento escrupuloso de las normas, consideramos que la función de la Guardia Civil de Tráfico está encaminada especialmente a garantizar la asistencia y el auxilio a los conductores y a regular el tráfico, todo ello en aras a mejorar la seguridad vial. En consecuencia, nos parece escandaloso que desde el Ministerio del Interior se inste a sancionar de forma indiscriminada, premiando por encima de todo el número de multas impuestas, con el único objetivo de incrementar la recaudación".
CETM afirma que la reducción de casi un 13% del número tanto de accidentes mortales como de víctimas desde que comenzó la huelga de ‘bolis caídos’ de la Guardia Civil, el pasado mes de mayo, explica por si misma que "más multas no suponen más seguridad y que el motivo de esta medida es meramente económico".
Además, considera "discriminatorio y abusivo" que las multas mejor retribuidas, con la única excepción de las de alcoholemia, son las que afectan al transporte por carretera, que ‘curiosamente’ también son las más caras. Es vergonzoso que se premie más (con cuatro puntos) a quienes sancionen a transportistas, que a aquellos que persiguen las prácticas que atentan contra la Seguridad Vial (dos puntos), mientras que un auxilio en carretera sumará tan solo un punto.
Por todo ello, "confiamos en el buen hacer y en la profesionalidad de la Guardia Civil de Tráfico que seguirá aplicando con objetividad la Ley. Esperamos que el ministro del Interior, como máximo responsable, adopte de forma inmediata las medidas necesarias para eliminar este injustificado afán recaudatorio, que además atenta directamente contra un Sector indispensable para la recuperación económica de España como es el transporte de mercancías por carretera", concluye CETM.
AUGC
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha declarado que la huelga de ‘bolis caídos’ ha funcionado desde el primer día "boca en boca y por iniciativa propia de los agentes", reduciendo el número de denuncias hasta en un 90% y sustituyéndolas por consejos de seguridad vial. Pero las consecuencias han empezado a aparecer. Entre ellas, AUGC ha advertido de la drástica reducción en el número de denuncias y la consiguiente disminución en los ingresos para el Estado, lo que ha hecho "sonar todas las alarmas y todos se han puesto manos a la obra para atajar esta situación cuanto antes".
