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La Comunidad Valenciana quiere convertir al transporte público en ‘una verdadera alternativa al privado’

miércoles 15 de septiembre de 2010, 01:00h

Mario Flores, consejero de Infraestructuras y Transporte de la Comunidad Valenciana, ha presentado el anteproyecto de la nueva Ley de Movilidad, que recogerá la normativa referente a los distintos modos de transporte con el objetivo de "favorecer el uso de los sistemas públicos y de los desplazamientos peatonal y ciclista frente al coche particular".

En declaraciones reproducidas por el Diario Crítico de la Comunitat Valenciana, Flores ha agregado que la Ley va a permitir "asegurar un transporte público integrado, accesible, seguro, cómodo y eficiente, que signifique una verdadera alternativa al vehículo privado", además de favorecer el desarrollo de las infraestructuras de transporte con la menor afección al entorno.

La nueva norma, aprobada el pasado viernes en el Pleno del Consell, integra la legislación referente a transporte de viajeros, ferrocarriles y tranvías, taxis, logística y planificación de la movilidad.

De esta manera, la Comunidad Valenciana se convierte en la primera autonomía que adapta el reglamento 1370/2007 de la Unión Europea sobre los servicios de transporte por ferrocarril y carretera y "avanza en la asunción de competencias" previstas en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Por otra parte, el texto permite acercarse al escenario previsto en materia de transporte en 2020, para cuando se esperan 2.500 millones de desplazamientos anuales en la Comunidad. "El objetivo del Consell es que (para esa fecha) el 40% de los desplazamientos se realice en transporte público", ha señalado Flores. Para alcanzar este objetivo, el consejero ha destacado la importancia de este texto y de la "fuerte inversión en transporte público que está efectuando la Generalitat para dotar a las tres áreas metropolitanas de sistemas de transporte público avanzados, eficaces y sostenibles".

La Ley de Movilidad contempla distintos sistemas de transporte de forma integrada, de forma que puedan impulsarse sistemas de gestión con colaboración con empresas privadas con "mejores condiciones de claridad y seguridad jurídica", en palabras de Flores.