Las organizaciones denuncian no sólo la "desatención y desidia de la Administración a la hora de adoptar medidas para el sector del transporte, que ha sido uno de los más afectados por la crisis", sino por la política de "acoso y derribo" hacia los transportistas que se está llevando a cabo. En este apartado encuadran el establecimiento de mayores incentivos a los agentes de tráfico por las denuncias realizadas a los camiones y la posibilidad de establecer una tasa por el uso de carreteras públicas (Euroviñeta), lo que conllevaría la ruina del Sector, además del coste que va a suponer la formación continua obligatoria de los conductores (CAP).
Medidas solicitadas
Desde Fetransa y el resto de organizaciones territoriales de transporte participantes en las reuniones que se vienen llevando a cabo se insta al Gobierno a que adopte las siguientes medidas:
- Establecimiento de una cláusula legal ‘antidumping’ que evite la prestación de cada servicio de transporte por debajo del coste fijado en el Observatorio de Costes, con la tipificación de un precepto infractor que sancione tanto a la empresa de transporte que lo ejecuta como al cargador o intermediario que lo contrata, para así evitar las prácticas de ‘dumping’.
- Carácter obligatorio del plazo de pago a 30 días recogido en la Ley del Contrato de Transporte Terrestre, sin admitir la posibilidad del pacto en contrario.
- Aumento de las ayudas a transportistas autónomos que abandonen la actividad y supresión de su carácter de concurrencia competitiva con el fin de que se puedan acoger todos los transportistas a partir de 58 años que cumplan el resto de requisitos, tal y como se acordó en los Acuerdos del 11 de junio de 2008.
- Medidas encaminadas a la reestructuración y ordenación del Sector ante el mal llamado proceso de "liberalización" del mismo, que está suponiendo una acelerada pérdida de poder adquisitivo de los transportistas. Además de la necesidad de dotar con fondos públicos la formación continua obligatoria de los conductores.
