Esta es la postura de Guitrans respecto a la realidad actual del transporte de mercancías por carretera. "Llevamos años solicitando la implicación de la administración y tan sólo hemos conseguido palabras y más palabras, pero sin compromisos ni soluciones. Salta a la vista que las medidas aprobadas no han funcionado y según pasan los meses nos encontramos con un tejido empresarial de transporte más empobrecido y arruinado. El sector de transporte de mercancías por carretera no puede esperar más", argumentan desde la asociación guipuzcoana.
"La crítica situación del sector de transporte de mercancías por carretera, lejos de mejorar, va empeorando por momentos con la escalada de precios del gasóleo, que se acerca peligrosa e imparablemente a los 1,329 euros/litro, récord histórico marcado en julio de 2008 y que disparó todas las alarmas. El número de empresas de transporte sigue a la baja, de hecho en Guipúzcoa
contamos en enero de 2011 con 557 empresas de transporte menos que en enero de 2008 y en el Estado son 22.502 empresas menos", prosigue el comunicado de Guitrans.
"El sector de transporte de mercancías por carretera aporta 5.000 millones al año a las arcas públicas a través, tan sólo, del Impuesto de Hidrocarburos, dato que justifica que la Administración tome cartas en este asunto y garantice una fluctuación del precio del combustible más razonable. Los problemas de financiación ahogan literalmente a las empresas de transporte. Venimos denunciando reiteradamente que las ayudas aportadas a las entidades bancarias y financieras por parte de la Administración no están revirtiendo en las empresas y los planes acordados por las Administraciones para asegurar el acceso de las empresas a la financiación del circulante, no se están cumpliendo por parte de las entidades financieras, que imponen condiciones muy superiores a las acordadas".
Impagos
Guitrans recuerda que "la proposición de ley 15/2010 contra la morosidad establece un plazo de pago a 60 días, sin posibilidad de pacto en contra, a partir de 2013, estableciendo una reducción progresiva del plazo hasta entonces, pero no se está cumpliendo por parte de las empresas cargadoras. Es por ello que el sector guipuzcoano viene demandando además que se adopte con carácter urgente una regulación análoga a la francesa –Ley 2006 de 10 de enero de 2006, Ley Gayssot– que obligue al pago de las facturas en un plazo de 30 días, estableciendo mecanismos de control vía penal en el caso de su incumplimiento". En opinión de la asociación guipuzcoana, "las empresas cargadoras aplican la ley del ‘lo tomas o lo dejas’ y está ley sí que funciona, es por ello imprescindible no permitir que la solución quede en manos de las empresas cargadoras a través de negociaciones, que hasta la fecha han sido totalmente improductivas. Es la Administración, en aras del interés general, la que tiene que salir al rescate del sector de transporte de mercancías, estableciendo una norma taxativa que no se pueda dejar de cumplir sin pagar las consecuencias".
Es prioritario modificar el baremo sancionador ya que la cuantía de las sanciones es muy superior a la de los países del entorno. El acuerdo alcanzado entre el CNTC y la Dirección General de Transporte el 9 de febrero no es suficiente porque en el mismo no se aborda el tema de la responsabilidad objetiva del empresario, que sigue siendo responsable de acciones de los conductores que no puede controlar, ni se reducen los importes de las sanciones en la medida requerida, ni endurece las sanciones a las empresas y cooperativas ilegales que alteran totalmente el mercado.
Por otro lado, y respecto al peaje de Etxegarate y de la implantación de la Euroviñeta, Guitrans expresa su total oposición, ya que "afecta gravemente a las empresas de transporte de mercancías, que asisten perplejas a la política de hechos consumados, que está desarrollando en este tema la Diputación Foral de Guipúzcoa y que no hace sino agravar la penuria económica que atraviesa nuestro sector en los últimos años".
Desde la asociación concluyen que "el sector no puede esperar y de hecho no es de extrañar que algunas organizaciones propongan medidas de presión como un paro que pueden generalizarse si la Administración no aprueba estas peticiones razonables y justas, que ya se aplican en otros países. El sector está arruinándose cada día que pasa un poco más, por lo que apelamos al sentido de responsabilidad de las administraciones para que elabore un verdadero plan de rescate que tenga en cuenta las especiales dificultades que atraviesa".
