Las partes acordaron instar al Gobierno para que, en el plazo más breve posible, se dirija a las fuerzas parlamentarias para que presenten una Enmienda que deje sin efectos jurídicos la Disposición Adicional 16ª de la Ley de Economía Sostenible (en esta Disposición es donde se regulaba la normativa aprobada por el Congreso el pasado 15 de Febrero).
Asimismo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentará, en el plazo de tres meses, un anteproyecto de Ley de Contratos de Distribución Comercial para diversos sectores de la economía española, incluido el del automóvil, que será elevado por el Gobierno a las Cortes Generales en el plazo de seis meses.
Hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Contratos de Distribución, el Gobierno presentará a las principales Asociaciones del sector de automoción un código de buenas prácticas.
Las cuatro asociaciones han agradecido públicamente y de manera especial la intermediación del Ministerio de Industria en el presente asunto.
Antecedentes
La ‘bomba’ estalló el pasado mes, con la incorporación de nuevas disposiciones a la Ley de Economía Sostenible. Con la pretensión de proteger a los distribuidores de vehículos, la reforma provocó una reacción inmediata en las asociaciones de fabricantes, que declararon sentirse "traicionadas" ante el cambio en las reglas del juego. Asumir la devolución de stocks en determinadas circunstancias, y hacerse cargo de indemnizaciones, en otras, fueron los puntos más polémicos, además de la falta de participación del Sector a la hora de tomar una decisión de tanto peso. Los distribuidores por su parte, que hace tiempo venía expresando su indefensión frente a ciertas conductas por parte de algunos fabricantes (como la asignación unilateral de vehículos), calificaron, en su momento, los cambios a la ley de "justos" y que "buscan el equilibrio".
