La fórmula no deroga la disposición que generó un conflicto sectorial, pero la deja sin aplicación, y mantiene el compromiso del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de presentar en el Congreso en un plazo de seis meses un proyecto de ley sobre sus relaciones comerciales, con la intención de que esté vigente antes de que finalice este ejercicio. El anteproyecto se conocerá en menos de tres meses. A todo esto se suma la necesidad de que el Gobierno promueva el anunciado Código de Buenas Prácticas para que, en el periodo de transición, sirva para la resolución de posibles conflictos tras ser adoptado por los agentes implicados.