Los jefes de Estado y de Gobierno acordaron en marzo del pasado año que la Unión Europea reducirá sus emisiones de efecto invernadero un 20% en 2020 respecto a los niveles de 1990 para combatir el cambio climático. También pactaron que el 20% del consumo de energía enese mismo año deberá proceder de fuentes renovables y que se deberá utilizar un 10% de biocarburantes en el transporte.
Bruselas pondrá sobre la mesa un paquete de medidas sobre energía y cambio climático para poner en práctica estos acuerdos, compuesto de tres elementos. Por un lado, una revisión de la norma que regula el comercio de emisiones. También aprobará qué porcentaje de reducción de emisiones tiene que llevar a cabo cada Estado miembro de aquí a 2020 y qué cuota obligatoria de renovables asigna a cada país. La Comisión ha tenido que retrasar la presentación de sus planes, que en principio estaba prevista para diciembre, y las presiones continúan, hasta el punto de que las propuestas pueden cambiar hasta el último minuto. Francia es uno de los países más descontentos con la cuota de renovables que le pretende asignar la Comisión (del 23%, según la prensa) y el propio presidente, Nicolas Sarkozy, ha escrito una carta al presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, para decirle que no está dispuesto a aceptar un objetivo superior al 20%.
En el caso de España, un objetivo del 20% para 2020 supondría aumentar en más de 11 puntos la cuota de renovables en 2005, que fue del 8,7%. La principal preocupación para el Gobierno en materia de renovables es la intención del Ejecutivo comunitario de proponer que las empresas puedan comprar y vender certificados de renovables porque considera que ello podría poner en riesgo el sistema español de primas de acceso a la red y el propio cumplimiento de los objetivos.
El ministro de Industria, Joan Clos, y el ministro alemán de Medio Ambiente, han enviado una carta al comisario de Energía, Andris Piebalgs, para comunicarle estas preocupaciones. Las fuentes consultadas por la agencia de noticias, explicaron que las presiones de España y Alemania han surtido efecto y que finalmente la Comisión dejará en manos de los Estados miembros la última palabra de si autorizan a una empresa a vender certificados de energías limpias. De esta forma, los Gobiernos podrán garantizar el cumplimiento de los objetivos nacionales antes de permitir la venta de certificados. Junto con el reparto de los objetivos para renovables, la Comisión presentará una propuesta para reformar la directiva de comercio de emisiones, cuya principal novedad es que a partir de 2013 la mayoría de los permisos de contaminación (al menos dos tercios) ya no se concederá gratuitamente a las industrias como hasta ahora sino que se subastará.
El tercer elemento del paquete sobre energía y cambio climático es el reparto entre los Estados miembros de las reducciones de CO2 que deberán realizar los sectores que no están cubiertos por el sistema de comercio de emisiones, como el transporte, la vivienda, la agricultura y la ganadería o los residuos. Éste se hará en función del PIB per cápita de los Estados miembros, de manera que los países de la ampliación, que son en general más pobres que el resto, podrán aumentar sus emisiones en relación con 2005, que se toma como año de referencia, aunque deberán limitar este incremento para contribuir al esfuerzo global de la UE. España siempre había pedido que la distribución de la carga se hiciera en función de las emisiones per cápita para tener en cuenta el criterio de la población.
