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La recaudación por sanciones impuestas en carretera se reduce un 5% en el último año

Asetranspo valora positivamente la reducción de infracciones y el aumento de expedientes resueltos

lunes 11 de abril de 2011, 01:00h

El Plan Anual de Inspección de Transporte por Carretera en 2010 ha sido objeto de estudio en los últimos días por los responsables de los servicios de Inspección del Ministerio de Fomento y de las comunidades autónomas, quienes han analizado su grado de ejecución y efectividad.

Desde la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo) valoran positivamente la reducción de infracciones en general, así como el aumento de expedientes resueltos.

Por lo que respecta a la recaudación por sanciones impuestas, la cifra ha disminuido en un 5% en el último año, aunque sigue alcanzando un importe superior a los 147 millones de euros. Desde Asetranspo se defiende "la necesidad de una inspección eficaz, que luche contra el fraude, y reeducadora, que ayude a prevenir incumplimientos a través de medidas ejemplarizantes contra las empresas infractoras, pues es evidente que las malas prácticas inciden especialmente en la competencia entre empresas y en la seguridad en la carretera. Si queremos una mayor transparencia en el mercado, es preciso detectar y poner fin a estas prácticas, que tanto daño hacen a nuestro sector. De hecho uno de los cometidos principales de nuestras organizaciones es velar porque se cumplan las reglas del juego y denunciar cuando tenemos constancia de algún incumplimiento en este sentido", ha señalado el presidente de Asetranspo, Rodríguez Vieites. "Lo lamentable es comprobar que, en más de una ocasión, se utiliza la inspección como herramienta de recaudación y no con ese fin de corrección que es el que persigue la norma", ha subrayado.

Desde la asociación ven necesaria además la aprobación de la modificación del baremo sancionador, ahora mismo en proceso de reforma. En este aspecto, aclara el presidente, "la satisfacción no es total ya que si bien se han conseguido rebajar las sanciones pecuniarias y la calificación de algunas infracciones, no hemos conseguido, a pesar de la insistencia y de estar cargados de razones, la reivindicación ya histórica de la responsabilidad objetiva del conductor. No obstante, seguiremos insistiendo en este asunto que genera un enorme quebranto a las empresas de transporte".

Datos del Plan de Inspección

Durante el 2010 se han controlado en carretera 612.256 vehículos de transporte de mercancías españoles y 90.297 vehículos extranjeros. En estas inspecciones se han detectado un total de 143.430 infracciones, un 13% menos que en el año 2009; faltas que han dado lugar a 125.584 expedientes resueltos frente a los 99.049 del pasado año (un 26% más), cuando además se incoaron un mayor número de expedientes.

El resultado de todas estas cifras se resume en 147.664.000 euros, la cuantía cobrada por las sanciones que, consecuentemente, también se ha visto reducida respecto del ejercicio anterior en un 5% aproximadamente (154.765.000).

Los expedientes instruidos por exceso de peso han registrado un ligero descenso, no obstante continúan siendo los más numerosos, alcanzando la cifra de 27.616. Asimismo, también se han reducido los procedimientos relativos al limitador de velocidad, 1.948 frente a 2.214; el número de infracciones en transporte internacional ha pasado de 987 en 2009 a 788 en 2010 y también los incoados por infracciones a los tiempos de conducción y descanso, que han pasado de 22.341 en 2009 a 18.186 en 2010. En este último caso, desde Asetranspo destacan la labor de formación de muchas organizaciones empresariales.

Por el contrario, han aumentado las infracciones en materia de transporte de mercancías peligrosas y mercancías perecederas, pasando de 3.885 a 4.723 y de 1.912 a 2.902, respectivamente, probablemente derivado de un mayor control a estas especialidades de transporte. 

A modo de conclusión, desde Asetranspo se sigue denunciando la ausencia de criterios uniformes de actuación administrativa entre las distintas comunidades autónomas e incluso, en algunos casos, entre las propias Delegaciones Provinciales, afectando directamente al principio de seguridad jurídica.