La nueva propuesta de la Comisión Europea para revisar la Directiva sobre la fiscalidad de los productos energéticos tiene por objeto garantizar que la fiscalidad de la energía mantiene el buen funcionamiento del mercado interior, contribuye al cumplimiento de los objetivos de la UE para hacer un uso más eficiente de la energía y promover fuentes de energía menos contaminantes por recaudación de impuestos para influir sobre el comportamiento del consumidor.
Esta política puramente fiscal fallará, según vaticina la IRU. De hecho, esta política de impuestos a varios productos de energía no se basa simplemente en su peso o volumen, como es el caso de combustible diesel, sino exclusivamente de forma compleja (con numerosas excepciones) en función de sus emisiones de CO2. Sin embargo, a fin de lograr los objetivos fijados, en particular una reducción efectiva de las emisiones de CO2, el nuevo impuesto propuesto debería centrarse en los sectores que son los principales consumidores de energía fósil, es decir, la producción de electricidad, calefacción y procesos industriales, así como transporte marítimo, aéreo y ferroviario, que representan más del 75% del consumo total de combustible fósil.
Pero como todos estos sectores seguirán beneficiándose de numerosas exenciones específicas, el consumo de energía y las emisiones de CO2 no se reducirá. Mientras que la Directiva no se aplique a todos los sectores que consumen el mismo combustible fósil, pero en cantidades mucho mayores que el transporte por carretera, esta propuesta de la CE se dirige el Sector de transporte por carretera, que representa sólo el 3% de las emisiones de CO2, al que se cobrarán impuestos cuatro veces a través de los impuestos y el IVA, a través del impuesto sobre el CO2 y por incrementar los impuestos sobre el combustible diesel que coincida con el de combustible de gasolina.
Ningún objetivo
Para alcanzar el objetivo establecido de un uso más eficiente de la energía, esta nueva propuesta fiscal de CE debe ser más equilibrada al someter la energía fósil utilizada por cada modo de transporte a los mismos impuestos, para obtener el mismo ahorro de energía como los alcanzados por la industria de transporte de carretera. La política fiscal de la Comisión es "totalmente incomprensible" para la IRU, ya que discrimina a la carretera, y no se alcanzará el primer objetivo de la propuesta de mantener el buen funcionamiento del mercado interior. Más bien, se penalizará severamente el comercio y producción de la UE generando un mayor desempleo.
Tampoco se logrará el segundo objetivo, hacer un uso más eficiente de la energía. Como todos los usuarios principales no pagan impuestos, IVA y se benefician de numerosas exenciones específicas relativas a este nuevo impuesto, no tendrán ningún incentivo para la práctica de ahorro energético o para cambiar su comportamiento. Además, no se logrará el objetivo de la CE para promover fuentes de energía menos contaminantes por recaudación más impuestos, en particular sobre el gasóleo utilizado por el sector del transporte por carretera, ya que ésteno tiene ninguna alternativa viable al diesel.
Martin Marmy, secretario general de la IRU, asegura que "esta propuesta de la CE no tendrá ningún impacto ecológico sobre el transporte por carretera. Es algo para alentar un cambio a combustibles ecológicos mediante el aumento de los impuestos cuando existen combustibles alternativos viables, pero como no existen, la propuesta de la Comisión simplemente añadirá otra carga de impuestos sobre el transporte por carretera, que es una herramienta vital de producción, penalizando así la economía de la UE y el empleo".
