Para ello, deberán enviar una carta conjunta a la Comisión Europea expresando su conformidad para negociar. Tras ello se fijaría un período de nueve meses para discutir la modificación. Si las negociaciones fracasaran, los interlocutores sociales podrían pedir una prórroga a la Comisión, aunque ésta no puede garantizar su concesión.
La Comisión también podría emitir un borrador de enmiendas para modificar la directiva, aunque su intención es alcanzar antes un acuerdo general con los interlocutores sociales. Pese a que los interlocutores sociales han expresado su intención de negociar, las diferencias entre empresarios y sindicatos parecen indicar que tal acuerdo no se producirá, apuntan desde la Federación.
