Dichas conductas consisten en la fijación de precios y de condiciones comerciales o de servicio, en el reparto de mercado así como en la limitación o el control de la producción.
El expediente tiene su origen en la remisión por parte del Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana, de un documento suscrito en mayo de 2010 por diversas asociaciones que operan en el Puerto de Valencia y por la Autoridad Portuaria de Valencia, en el que se establecen pautas y criterios a los que podrían remitirse los operadores en la contratación de los servicios de transporte.
Asimismo, la Dirección de Investigación explica en un comunicado que ha tenido conocimiento de la elaboración y firma, en febrero de 2011, por parte de diversas asociaciones que operan en el Puerto de Valencia, la Autoridad Portuaria de Valencia y la Consellería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, de un documento relativo a la aplicación de la cláusula de revisión del precio del transporte en función del precio del gasóleo.
La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNC.
