Se trata de que autónomos y pymes de menos de 250 trabajadores puedan recibir de modo inmediato a través del ICO el pago de una parte muy relevante de las deudas que con ellos mantienen las entidades locales.
"Ya es hora de que el Gobierno cumpla la Ley de Morosidad, puesta en marcha hace un año y que ya incluía la creación de esta línea, y haga caso a un problema que padecen el 60% de los autónomos", señala Lorenzo Amor, presidente de ATA, "y que ha sido la causa directa del cierre de 250.000 autónomos y microempresas". "Ahora el Gobierno debería de plantearse permitir el cobro del IVA cuando se cobran las facturas y no cuando se emiten, ya que llevamos adelantados al Estado, en concepto de pago del IVA, 1.600 millones de euros". Se trata de una medida perfectamente viable, dado que existe la Directiva Comunitaria 2010/45/UE del 15 de julio, que permite a los países el cambio del abono de las facturas al criterio de caja, indican desde ATA.
