La empresa, que se encuentra en concurso de acreedores desde noviembre del año pasado, ha dejado de pagar las nóminas a los 300 trabajadores que forman parte de la plantilla, ocasionándoles, aparte del evidente problema económico, otros de índole social como embargos de bienes y cuentas como consecuencia de la falta de recursos, asegura el sindicato.
Según CCOO, algunas de las actuaciones judiciales en todo este proceso no han sido acertadas y sí contrarias al objetivo de agilizar medidas que permitan paliar el sufrimiento de los trabajadores y trabajadoras, como es la de no dar firmeza a su propia resolución de suspender los contratos, no ajustándose a lo que la propia Ley Concursal confiere en materia de decisiones atribuidas a los juzgados mercantiles en materia de regulaciones de empleo.
