Desde la asociación de fabricantes consideran que en el caso de que prosperen algunas de las enmiendas que se están barajando, se podría volver a la situación que se planteó inicialmente en este asunto. "Hay que recordar que los principales grupos políticos alcanzaron un acuerdo por unanimidad para corregir la situación, dejando sin efecto la enmienda introducida en la Ley de Economía Sostenible", recuerdan.
"Sería una norma que sólo beneficia a los propietarios de los concesionarios, no a sus empleados, y que supone un blindaje para los accionistas de las concesiones. Los grandes afectados serían los
empleados de las propias concesiones que ya están siendo castigados duramente por la crisis", incide Anfac a través de un comunicado. Según la asociación, "hay varios aspectos que producirían perjuicios a un sector industrial que invierte grandes sumas en I+D+i en la producción del vehículo, en la imagen de marca y en la venta del producto. También, se extraen consecuencias negativas para el mercado, el consumidor, la propia calidad del servicio de venta, pudiendo afectar negativamente a otros sectores económicos".
Anfac alerta de que el Proyecto de Ley podría producir un alza en los precios de los vehículos. "La nueva normativa sobre distribución de vehículos obligará a hacer elevadas provisiones por indemnizaciones. Los incrementos en las provisiones junto al aumento de los costes de comercialización perjudicarían al consumidor porque, lejos de bajar los precios, se podría producir un incremento de los mismos".
Aspectos preocupantes
Entre los principales aspectos que preocupan a los fabricantes figuran los siguientes:
- La posibilidad que establece el texto del traspaso del negocio por parte del concesionario sin autorización de la marca. Imponer por ley al fabricante la obligación de soportar una cesión de su contrato y, por lo tanto, el derecho a usar su marca por cualquier tercero, que podría ser incompetente o insolvente, resulta intervencionista y contrario a las normas actualmente vigentes en toda la UE.
- Indemnización. El Proyecto establece unos baremos que dan como resultado unas indemnizaciones muy superiores a las que se establecen en cualquier país europeo, como Francia o Alemania. En Europa, salvo en Bélgica, no existe ninguna ley de distribución. Las indemnizaciones deben fijarlas los jueces, amparándose en la jurisprudencia existente, sin que deba existir un tope máximo o mínimo para establecerlas. Además, la propia Comisión Nacional de Competencia, en su informe sobre el anteproyecto de esta misma ley, estableció textualmente: "En relación con la indemnización por clientela, habida cuenta del reconocimiento jurisprudencial consolidado, cabría valorar el no regular expresamente esta indemnización, pues la cuestión está resuelta por la mencionada jurisprudencia".
- La aplicación de la Ley a todos los contratos. La Ley que finalmente salga del Congreso de los Diputados no se debería aplicar a los contratos antiguos, ni a las renovaciones ni prórrogas de los que están en vigor actualmente, ya que crearía incertidumbre e inseguridad jurídica.
Por último, Anfac precisa que la Ley de Distribución final debe ser una norma de mínimos y con carácter horizontal. "Ha de contemplar las condiciones básicas que deben reunir todos los contratos de distribución de cualquier sector de la actividad económica, permitiendo que los aspectos específicos de cada sector y que su tratamiento se adapte a las necesidades del mercado, preservando la libertad de las partes para pactar lo que consideren oportuno", subrayan. En definitiva, bajo el punto de vista de la asociación de fabricantes, "la futura Ley de Contratos de Distribución debe respetar la libertad de pacto para que los que concurran al mercado puedan decidir las condiciones que quieren aplicar y las relaciones que mantienen entre las partes".
