El objetivo de esta Directiva es luchar contra las infracciones de tráfico que ponen en peligro la seguridad vial, al facilitar el intercambio transfronterizo de información. Un Estado miembro en el que se haya cometido un delito con un vehículo matriculado en otro Estado miembro será capaz de identificar al titular del vehículo e investigar quien ha sido el responsable del delito, por lo que se les podrán aplicar las sanciones correspondientes.
Esto también ayudará a garantizar la igualdad de tratamiento de los conductores, independientemente de su país de residencia. Según publica Asintra en su boletín semanal, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Comisión, con la aplicación de esta medida se podrían salvar hasta 5.000 vidas cada año.
La directiva cubre las cuatro infracciones de tráfico que causan la mayoría de las víctimas en la carretera en Europa, es decir: exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, la falta de uso del cinturón seguridad y no detenerse ante un semáforo en rojo. De acuerdo con la evaluación de la Comisión del estudio realizado en 2007, que incluye estimaciones para el año 2004, el 30% de las muertes en carretera fueron causados por exceso de velocidad, un 25% por conducir bajo los efectos del alcohol, el 17% por no usar el cinturón de seguridad y alrededor del 4% por no detenerse ante un semáforo en rojo. En otras palabras, alrededor del 75% de todas las muertes en carretera se producen por una (o varias) de estas cuatro infracciones de tráfico. Tres nuevos delitos también se incluyen en el ámbito de la directiva: no usar un casco de seguridad, el uso de un carril prohibido (por ejemplo, carriles de emergencia o de transporte público), y el uso ilegal de un teléfono móvil durante la conducción. La lista podría ampliarse en el futuro a través de una revisión de la directiva.
Bajo la nueva legislación, los Estados miembros permitirán al resto de Estados el acceso a los datos de su registro de vehículos para la identificación del titular o propietario del vehículo con el que se ha cometido el delito. Una vez que la persona se identifica, el Estado miembro en el que se ha cometido la infracción enviará una carta al infractor, donde se establecerán los detalles de la infracción y la multa impuesta de conformidad con su legislación. En cualquier caso, dependerá del Estado miembro en el que se cometa el delito y de su legislación nacional el determinar cómo se procesará el delito.
Excepciones
El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, debido a su posición especial en virtud del Tratado de Lisboa con respecto a la cooperación política, no participan en esta medida, pero pueden decidir adherirse más tarde.
En la actualidad, los delitos de tráfico no se castigan si se han cometido con un vehículo que se ha registrado en un Estado miembro distinto del Estado miembro donde se ha cometido el delito, en particular, si los delitos se registran automáticamente por las cámaras situadas a los lados de la carretera, sin contacto directo entre el conductor y la policía. La aceptación pública es vital para que se puedan reducir las víctimas. Tal aceptación, sin embargo, podrían verse afectada si hay un sentimiento general de que los conductores no residentes no son responsables de los delitos que cometen. Mientras que los no residentes representan alrededor del 5% de los usuarios de las carreteras en los países de la UE, la proporción de automovilistas no residentes que cometen excesos de velocidad está entre el 2,5% y el 30%. Estas cifras indican que los conductores no residentes están relativamente más involucrados en los delitos e infracciones que los conductores residentes.
