El Reglamento CE 37/2005 y los Reales Decreto 380/1993 y 237/200, establecen la necesidad de contar con un registrador de temperatura (termógrafo) o termómetro instalado en los vehículos destinados al transporte de productos a temperatura controlada, esto es, en el transporte de alimentos a temperatura controlada.
Esto implica que dichas equipaciones deben de estar sometidas a control metrolóxico por parte de la Administración y por tanto superar los controles establecidos en la Orden ITC/3701/2006. Particularmente, se deberán realizar controles metrológicos periódicos de los termógrafos de los vehículos de transporte de alimentos a temperatura controlada de las clases RRC, FRC y FRF cada dos años desde su puesta en servicio y, asimismo, cada vez que se lleve a cabo una reparación o modificación que requiera la rotura de precintos.
Dichos controles metrológicos deben realizarse por los organismos autorizados de verificación metrológica, llamados OAV, de la Comunidad Autónoma donde tenga la sede social la empresa titular del vehículo de transporte. En relación con ello, la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Industria, ya ha designado a la empresa que ha de llevar a cabo estas verificaciones, que será la OAV APPLUS. Pero lo grave, según alertan desde Fegatramer, es que se pretende cobrar a las empresas de transporte por esta verificación 300 euros, cantidad "claramente fuera de lugar y desproporcionada para el servicio que se presta y más teniendo en cuenta que es obligatorio", a juicio de la asociación gallega.
Primera queja
En este sentido, Fegatramer ya ha presentado una primera queja, a través del Comité Galego de Transportes, en la reunión mantenida con el Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y el Director Xeral de Mobilidade, y próximamente se hará lo mismo ante la Consellería de Industria, pues desde Fegatramer y las Asociaciones que la componen se entiende que esta tasa es abusiva y desproporcionada hacia un Sector que ya está suficientemente "castigado" con todo tipo de impuestos y tasas. "Además, puede ser que 300 euros para algunos nos sea un cantidad importante, pero actualmente para una empresa de transportes gallega es un coste más de explotación muy difícil de asumir", concluyen desde la asociación.
