De esta manera se continúa con el proceso de racionalización y reducción de las estructuras administrativas de la Administración General del Estado y se potencia la mejora de la eficiencia en la gestión.
Entre otras acciones, las entidades públicas empresariales Adif, Renfe-Operadora, Aena y los organismos públicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias quedan adscritos al Departamento a través de su titular.
La División de Estudios e Integración Medioambiental del Transporte pasa a la secretaría general de Infraestructuras y la División de Prospectiva y Tecnología del Transporte (y con ella, la Comisión para la coordinación del transporte de mercancías peligrosas y la Comisión para la coordinación del transporte de mercancías perecederas) se adscribe ahora a la secretaría general de Transporte.
Se elimina asimismo la excepción al requisito del nombramiento entre funcionarios para los titulares de las direcciones generales de Transporte Terrestre, de Aviación Civil y de Ferrocarriles, manteniéndose únicamente dicha excepción para el titular de la dirección general de Arquitectura, Vivienda y Suelo (excepción ya prevista en el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre).
