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SECTOR ENERGÉTICO ESPAÑOL

Presentan las conclusiones del Informe 2011 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España

Una regulación correcta, estable y con visión de largo plazo, clave para un modelo energético sostenible

miércoles 14 de marzo de 2012, 01:00h

La Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, resultado del acuerdo entre la Universidad Pontificia Comillas y BP España, ha presentado las conclusiones del Informe 2011 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España, con el objetivo de valorar la evolución de los acontecimientos en el campo de la energía desde el punto de vista del desarrollo sostenible.

El Informe señala que  en 2010 el sector energético español consumió 5,98 EJ de energía primaria, emitiendo 260 Mt de CO2  y generando un valor añadido de 22.000 millones de euros (correspondiente a un 2% del PIB).

Los aspectos más relevantes que identifica el informe son el crecimiento, nuevamente, de la intensidad energética española y el pequeño repunte en el consumo de energía en 2010. Desde el punto de vista de estos dos indicadores, no se aprecian mejoras en la sostenibilidad del sector energético español.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el modelo energético español continúa presentando importantes desafíos. En este sentido, las instituciones políticas y regulatorias tienen por delante grandes retos para la consecución de un marco regulatorio estable que confluya  en un modelo energético sostenible, teniendo en cuenta a corto plazo la prioridad del ahorro y que a largo plazo el objetivo es alcanzar un sistema energético basado en una economía baja en carbono.

Además, otra de las conclusiones destaca que, por primera vez, la movilidad de pasajeros, que había experimentado un gran incremento en los últimos años, se reduce frente a 2009. En cualquier caso, e incluso tras esta reducción, el transporte sigue siendo el sector que más energía consume (un 26%) y el que más emisiones de CO2 causa (un 30%). Por tanto, el sector del transporte es prioritario en cuanto al diseño de políticas sostenibles.

El informe de la Cátedra BP identifica también algunos aspectos que requieren una actuación decidida y la puesta en marcha de nuevas medidas más ambiciosas. En este sentido, el nivel de dependencia energética de España respecto al exterior sigue siendo muy alto, superior al 82,5 %, muy por encima de la media europea, a pesar de haber mejorado en 2010 por la menor demanda de energía importada (principalmente carbón, crudo y gas natural) y el crecimiento de las energías renovables.

Las emisiones de CO2 disminuyeron el 2% en 2010, debido fundamentalmente al incremento de las energías renovables en el mix energético. Las renovables llegaron al 10% de la energía primaria y al 33% de la energía eléctrica. La solar foltovoltaica y los biocombustibles fueron las que mayor crecimiento experimentaron. En cualquier caso, la hidráulica, biomasa y eólica continúan siendo las de mayor contribución.

Retos del actual modelo energético español

Para la consecución de un marco regulatorio estable en España, sigue siendo imprescindible una política energética decididamente orientada a la sostenibilidad y una regulación ortodoxa que la haga posible. En el momento actual, esta política debe tener como prioridad la apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, así como una regulación estable y ordenada en la que se pueda confiar a largo plazo, independiente de los vaivenes políticos, y abierta al debate público. Esto es absolutamente necesario para atraer inversiones en tecnologías apropiadas para garantizar el futuro de un sistema energético basado en una economía baja en carbono.

La Hoja de Ruta 2050 de la Energía, publicada por la Comisión Europea en diciembre de 2011, muestra el cambio revolucionario que ha de experimentar el sector energético europeo –comenzando de inmediato, pues 2050 está a distancia de un ciclo inversor de 2012– para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% respecto a valores del 2005 y descarbonizar así, prácticamente por completo, el sector eléctrico. Para conseguir estos retos, es condición sine qua non un marco regulatorio e institucional creíble.