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SEGÚN FENADISMER

El Gobierno se plantea la derogación del céntimo sanitario a partir del 1 de enero del próximo año

En su lugar facultará a las Comunidades Autónomas a establecer un recargo sobre el impuesto de hidrocarburos

miércoles 11 de abril de 2012, 01:00h

El Gobierno ha incluido en el Proyecto de Ley General de Presupuestos para 2012 una disposición final mediante la cual a partir del 1 de enero de 2013 se deroga el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos —el ‘céntimo sanitario’), según ha informado Fenadismer mediante un comunicado.

Dicha medida ha sido solicitada reiteradamente por las asociaciones y federaciones del Sector, entre ellas la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas (Fenadismer) a los sucesivos Gobiernos españoles. Junto a lo anterior, la propia Ley de Presupuestos faculta a las Comunidades Autónomas para que establezcan un recargo sobre el actual impuesto de hidrocarburos.

El céntimo sanitario, en vigor desde enero del 2002, grava el consumo de carburantes (gasolinas o gasóleos) con un sobrecargo en toda España (a excepción de Canarias) de 2,4 céntimos por cada litro consumido, tanto por los consumidores profesionales (transportistas y taxistas principalmente) como por los restantes consumidores particulares. Asimismo en 10 Comunidades Autónomas, en concreto Galicia, Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-León y Cataluña (y próximamente Baleares y Cantabria), se aplica un recargo superior, que alcanza hasta los 4,8 céntimos por litro.

En contra de la normativa comunitaria

La Comisión Europea mediante dictamen motivado el año 2008 instaba al Gobierno español a que modificara la legislación española por considerar que dicho impuesto no se ajustaba a la normativa comunitaria, amenazando con presentar la correspondiente demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo si no corregía dicha situación ilegal.

Dicha decisión de la Comisión Europea no había sido ejecutada por el Gobierno español hasta la fecha, por lo que de dictarse una previsible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en la actualidad está conociendo del asunto, podría obligar a la Agencia Tributaria española a devolver a los consumidores profesionales y particulares lo recaudado en los últimos años por este impuesto, lo que supondría un importante quebranto económico para las arcas públicas superior a los 5.000 millones de euros. Ante dicha situación, resulta aconsejable derogar la aplicación de dicho impuesto, a fin de no agravar la precaria situación financiera de la Hacienda española., señalan desde Fenadismer.