Para ello se ha acordado plantear una acción judicial coordinada a nivel nacional a través de la interposición de demandas por competencia desleal contra las empresas cargadoras, fabricantes, operadores logísticos, intermediarios y grandes flotistas que en la actualidad paguen precios por los servicios de transporte por debajo de los costes mínimos de explotación, utilizando como referencia el Observatorio de Costes del Transporte publicado por el Ministerio de Fomento, exigiendo a tal efecto las indemnizaciones que procedan por las diferencias no percibidas.
Dicha acción judicial se lleva a cabo tomando como fundamento la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de febrero de 2012, que declara ilegal la contratación del transporte por debajo de costes, que fue promovida en su día por Fenadismer ante la falta de apoyo de las Administraciones Públicas por atajar dichas situaciones de abuso que están soportado muchos transportistas que se ven obligados a trabajar sin ni siquiera poder cubrir sus costes.
