Uno de los objetivos prioritarios del Ejecutivo regional, según ha informado Fenebús, es "consolidar la red de transporte público existente y extenderla a los municipios, de modo que todos los ciudadanos puedan contar con un transporte público que les permita acceder a las necesidades básicas, como el derecho a la salud, la educación, o los servicios administrativos". Por ello, los núcleos de población incluidos en los servicios de transporte regular de viajeros de este plan "necesitan un transporte público que les asegure movilidad con regularidad, frecuencia determinada y horarios fijos, situación que afecta especialmente a la población envejecida".
Mayor seguridad jurídica y transparencia
Desde el gobierno castellanomanchego se ha concretado que, al tratarse de servicios cuya explotación resulta deficitaria por sus elevados costes de explotación y la reducida recaudación por venta de billetes, "estos se han venido prestando tradicionalmente con ayuda pública, en un primer momento, a través de órdenes de subvenciones; y en el momento actual mediante contratos menores realizados bajo el principio de libre concurrencia, dado que en todas las líneas que se incluyen en la presente concesión se recabaron varias ofertas de empresas de transportes presentes en cada una de las zonas".
Ante esta situación, " se hace necesario dotar de mayor seguridad jurídica a las concesiones de las líneas de débil tráfico, garantizando su prestación para un mayor lapso temporal", según han señalado los responsables del Gobierno de Castilla La Mancha.
