La Asociación Internacional del Transporte Público (UITP), la Comunidad de Compañías europeas del Ferrocaril e Infraestructuras (CER), las Autoridades Europeas de Transporte Metropolitano (EMTA) y los Operadores Europeos de Transporte de Pasajeros (EPTO) han mostrado su preocupación por el Reglamento general de exención por categorías.
UITP, CER, EMTA y EPTO consideran que la propuesta reguladora es "inaceptable" en base a distintos motivos. El primero de los argumentos esgrimidos por las asociaciones es la incertidumbre jurídica que la nueva normativa introduciría en el Sector en todos los contratos de transporte público. Según las asociaciones la nueva regulación generaría un "deéficit democrático inaceptable puesto que evitaría que tanto el Parlamento Europeo como los Gobiernos estatales tuvieran poder de decisión sobre la financiación del transporte público". Además, el sector del transporte público considera que, al contrario que lo que asegura la Comisión, el régimen actual no entra en contradicción con el Tratado de Funcinamiento de la UE. Finalmente, se explica que "la regulación vigente desde 2009 es el resultado de un largo y complicado proceso legislativo" el cual generó un adecuado "equilibrio político que no debe ser alterado a la ligera".
Reglamento general de exención por categorías
Este proyecto se remonta a finales del año pasado, cuando la Comisión Europea adoptó una proposición para la modificación de las regulaciones 994/98 sobre ayuda estatal horizontal y 1370/07 sobre servicios de transporte de viajeros por carretera y ferrocarril. Según explica la Conisión, pese a que las ayudas estatales puedan "redundar en beneficio de la sociedad a través de la mejora del medio ambiente, el fomento de la investigación y desarrollo o el incremento de la formación de los recursos humanos", éstas "pueden tener también efectos perversos al mantener en el mercado empresas ineficaces, lo que a más largo plazo se traduce en precios más altos para los consumidores".
