Las sospechas de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre "posibles prácticas anticompetitivas en este sector, consistentes en la fijación de precios y de otras condiciones comerciales y de servicio, así como el reparto del mercado del transporte frigorífico de mercancías por carretera en España, contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia", han llevado al organismo a realizar una serie de inspecciones en las sedes de diversas empresas del sector del transporte frigorífico de mercancías por carretera en el territorio español.
Según explica la Comisión, estas inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas investigadas. Las conductas investigadas se consideran como una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa. En caso de acreditarse algún indicio de infracción se procedería a la incoación formal de expediente, pues tales conductas restrictivas constituirían una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
