El Real Decreto 89/20013, de 8 de febrero, que regula la concesión directa de ayudas para vehículos comerciales que cumplan los nuevos estándares de eficiencia energética y contaminación prevé la gestión centralizada del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente sin tener en cuenta, según la Generalitat, las competencias asumidas por el Gobierno autonómico.
El Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán decidió presentar un recurso de incompetencia contra este Real Decreto el pasado dos de Abril, ya que prevé que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente gestionará de forma centralizada la concesión directa de las ayudas a los beneficiarios. Según la Generalitat, esta decisión no respeta lo establecido en el artículo 144.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña por el cual el Gobierno de la Generalitat asume la competencia compartida en materia de medio ambiente, que incluye el desarrollo normativo y la ejecución, así como la competencia para establecer normas adicionales de protección.
El Gobierno autonómico entiende que, al ignorar el carácter compartido de la competencia, la regulación establecida en el Real Decreto Ley español excede la competencia estatal sobre legislación básica e invade la competencia autonómica.
El Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA Aire) pretende reducir la contaminación atmosférica y contribuir a cumplir los compromisos establecidos en la normativa comunitaria sobre calidad del aire dentro del marco de los objetivos fijados para la Unión Europea para el horizonte 2020 con la sustitución de vehículos comerciales de menos de siete años de antigüedad por vehículos que cumplan los nuevos estándares de eficiencia energética y contaminación.
