La Resolución del SCT pretende prohibir la circulación los 365 días del año a más de 3.000 camiones.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) ha planteado a la Generalitat de Cataluña su absoluto rechazo al proyecto alegando que "dicha medida no tiene precedentes ni en España ni en el resto de Europa", ya que nunca antes se había prohibido la circulación de vehículos de transporte en una carretera de ámbito nacional en un recorrido tan extenso. El caso es más grave aun para Fenadismer si se tiene en cuenta el carácter "estratégico" de dicha vía al conectar el tráfico natural de mercancías de todo el Mediterráneo español y el centro de la península con el resto de Europa.
Además, Fenadismer ha calificado dicha medida como una "aberración jurídica" por considerar que vulnera tanto la ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y su normativa de desarrollo, como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la materia, al considerar que "atenta al derecho fundamental a la libre circulación de mercancías en el ámbito de la Unión Europea".
Una prohibición 'temporal'
La Resolución, que de aprobarse afectaría a los más de 3.000 transportistas que diariamente circulan por dicha vía, plantea la prohibición "temporal" (así lo define) durante los 365 días del año y las 24 horas del día a los vehículos de transporte de mercancías de cuatro o más ejes, excepto aquellos cuya mercancía transportada tenga origen o destino en las comarcas próximas a dicha carretera nacional. Para el resto de vehículos, la Resolución obliga a utilizar la autopista de peaje AP-7, lo que supondrá a cada transportista pagar en cada trayecto de ida y vuelta 40 euros adicionales.
Fenadismer ya calificó en Marzo la propuesta "como una medida sin precedentes tanto en España como en el resto de Europa" y anunció su intención de solicitar tanto al Ministerio de Fomento como a la Generalitat de Cataluña que reconsideren dicha medida prohibitiva y en su lugar establezcan medidas económicas incentivadoras dirigidas al colectivo de transportistas estableciendo la gratuidad del peaje de la autopista AP-7 en los tramos paralelos con mayor densidad de circulación de la N-II, y de una rebaja sustancial del peaje en el resto de tramos de la autopista paralelos a la citada carretera nacional, tal y como hicieron en Febrero el Gobierno de Aragón y la concesionaria Abertis en las autopistas AP-2 y AP-68.
