Calvo, tal y como informa la Federación, manifestó su discrepancia con la exposición de Emilio Sidera, subdirector de Ordenación y Normativa del Ministerio de Fomento, y recordó que el proceso de judicialización al que se están sometiendo las concesiones de Fomento (al coincidir precisamente con la reforma de la LOTT) va a generar "dos regímenes jurídicos diferentes". Calvo insistió en que hubiese sido suficiente una revisión del capítulo de infracciones y sanciones y en que tampoco se justifica por la necesidad de adaptar la legislación a los reglamentos comunitarios, ya que "estos son de aplicación directa".
El presidente dijo que la reforma introduce aspectos negativos como el pago de un canon trimestral del 1%, que debilitará la economía de las empresas y penalizará a los usuarios. Otro punto en el qu Fenebus ha declarado su discrepancia es en el establecimiento de una contabilidad analítica, que también añade gastos extra. Y preguntó si este nuevo requisito servirá para que la Administración restablezca el equilibrio económico de las empresas en el caso de que exista un desfase entre gastos e ingresos.
También criticó la desaparición del derecho de preferencia y, en este sentido, citó al ex-comisario de Competencia de la UE, que dijo en su día que "la competencia, si bien debe existir, no puede constituir un fin en sí misma", pudiendo y debiendo ser regulada cuando proceda.
Asuntos pendientes
Calvo explicó a continuación los aspectos que sí debería haber abordado la reforma de la LOTT, como la defensa de la unidad de mercado, la planificación de una red global de servicios en red (tanto nacional como autonómica) o la promoción del transporte en autobús "por ser un medio sostenible tanto desde el punto de vista económico como medioambiental", por medio de la constitución de soluciones de movilidad en las áreas metropolitanas y de la construcción de plataformas e infraestructuras dedicadas y reservadas a este modo.
Enumeró las reivindicaciones del Sector y de los empresarios que lo constituyen, apuntando el apoyo institucional al transporte discrecional, a la concentración empresarial y la recuperación del déficit tarifario "con la misma legitimidad que lo solicitan las compañías eléctricas". Para finalizar, reclamó también una mayor coordinación entre las Administraciones central, autonómicas y el Sector y la recuperación del protagonismo de las asociaciones ante la Administración.
