La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) se encuentra muy satisfecha con esta aprobación puesto que la modificación del apartado 5 del Artículo 228 del del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de Contratos del Sector Público (TRLCSP ) para limitar los plazos máximos de pago de las grandes empresas constructoras de obra pública "era una propuesta de la Plataforma largamente reivindicada".
Gracias a esta modificación legislativa "se acaba definitivamente con la contradicción legal que se encontraba en el apartado 5 del Artículo 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, TRLCSP, el cual facultaba al contratista de obra pública para que, en un abuso del derecho, pudiera pactar con los subcontratistas plazos de pago muy superiores a los 60 días y sin que existiera limitación alguna del plazo máximo de pago contractual". Esta práctica, según los responsables de la Plataforma, permitía a las empresas constructoras de obra pública "pagar a sus subcontratadas en plazos de pago muy dilatados, lo que provocaba grandes desequilibrios en los balances de ésas últimas".
En la práctica, la modificación del artículo supone que las empresas adjudicatarias de obra pública deberán pagar sus proveedores en un plazo máximo de 60 días.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha asegurado que a partir de ahora "el Plan de pago a proveedores del Gobierno será más efectivo, puesto que esa contradicción legal no permitía que los pagos de las Administraciones Públicas llegasen a toda la cadena de proveedores, como en principio debía garantizarse".
Las cifras de la morosidad
Según el último estudio realizado por la PMcM, algunas compañías que cotizan en el selectivo grupo del IBEX 35 pagaban en 2012 a sus proveedores en plazos muy superiores a los permitidos por la Ley 15/2010 de 5 de julio, de Medidas de Lucha contra la Morosidad.
El sector de la Construcción e Inmobiliario es el peor pagador, según estos datos, alcanzando los 301 días de plazo medio de pago en 2012. Para la organización estos datos "evidencian que algunas de las grandes compañías españolas financian gratuitamente una parte importante de su pasivo circulante a costa de sus propios proveedores, que en su mayoría son pymes y autónomos".
