El informe pretende evaluar la gestión llevada a cabo en 24 proyectos de Alemania, España, Grecia y Polonia financiados con fondos de la Unión Europea y que representaban un gasto de más de 3.000 millones de euros. El análisis pretendía analizar las diferencias en la gestión de estos fondos que se producían en diferentes países.
Y lo cierto es que el informe no deja en buen lugar a España. El compendio de gastos llevados a cabo por el Tribunal revela un coste excesivo en la construcción de calzadas en nuestro país. Los datos son muy reveladores: 1.000 metros cuadrados de carretera en España alcanzan un coste de construcción de 496.208 euros, mientras que en Alemania este gasto desciende a casi la mitad, con 287.043 euros de media.
Europa es clara en este sentido y, además de destacar el exagerado gasto en algunos proyectos el informe destaca que "la mayoría de los proyectos examinados presentaban previsiones de tráfico inexacta". Es decir, que en muchos casos se acometían proyectos desmesurados cuando lo cierto es que no era necesario vías que soportaran un tráfico excesivo.
"En 14 de 19 proyectos de los cuales se disponía de información, se registroó un uso inferior al previsto", destaca el informe del Tribunal, que también destaca fallos en las previsiones de coste y tiempo: "el incremento medio del precio con respecto a los planes originales ascendió al 23% y las demoras alcazaron un promedio de nueve meses, o sea, el 41% del plazo previsto".
Menos es más
La postura de la UE con respecto a este hecho es bien clara: "más grande no siempre significa mejor", ha destacado Harald Wögerbauer, Miembro encargado del informe. "Las autopistas sólo deben financiarse con fondos de la UE cuando exista una clara necesidad de tráfico". Y es que, la autopista era la opción preferida de los beneficiarios "incluso en aquellos tramos en los que una vía rápida podría haber resuelto las necesidades de tráfico".
Es por ello por lo que, frente al exceso, el informe recomienda a los mandatarios que supediten la inversión a proyectos con objetivos claros de seguridad vial y capacidad y que las ayudas se vinculen a la aplicación de soluciones técnicas razonables y rentables; además, recuerda a los Estados miembros que deben asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de contratación pública para obtener las ofertas más económicas.
