Según la patronal, tal vez radique aquí el motivo por el que muchos empresarios han sucumbido a la tentación de vender su compañía al mejor postor y abandonar el Sector. "Aunque a la hora de enumerar los problemas con que se enfrenta éste nos perderíamos, sí nos atrevemos a señalar solamente media docena, los más importantes en nuestra opinión y cuyo recordatorio les puede venir bien a los responsables del Ministerio de Fomento", redunda la patronal.
Descapitalización de las empresas, como consecuencia de la crisis derivada del fuerte incremento de costes en los últimos años y que no ha tenido la correspondiente repercusión en tarifas o que no contó con las oportunas medidas compensatorias por parte del Ministerio de Fomento, que se agrava por la tendencia a la baja en el número de viajeros.
Precio del gasóleo, que debe tener una clara diferencia entre el destinado al consumo por vehículos de servicio público, coloquialmente denominado "gasóleo profesional", del privado. La actual fórmula de descuento en fiscalidad es demasiado complicada y por tanto resulta ineficaz para muchas pequeñas empresas, y además resulta insuficiente.
El ferrocarril
Competencia del ferrocarril, por su carácter de empresa pública y porque sus déficit de explotación tradicionalmente los ha cubierto el Estado. En estos momentos y de acuerdo con la actual normativa europea, las subvenciones por obligaciones de servicio público sólo pueden beneficiar a los trenes de cercanías y regionales, a pesar de que el contrato-programa de Renfe-Estado 2006-2010 prevé un resultado negativo en los cuatro primeros ejercicios de alrededor de 400 millones de euros que saldrán de las arcas del Estado. Sin embargo, las empresas de transporte por carretera con líneas coincidentes con las nuevas del AVE ven como sus viajeros, y por tanto su recaudación, sufre reducciones superiores al 25%.
Ruptura de la unidad de mercado, que nace con el nuevo Estado de las Autonomías avalado por la Constitución de 1978, y con las transferencias de competencias. En estos momentos existe una importante diversidad legislativa que nos obligará muy pronto a adaptarnos a 17 leyes de transporte (una por cada autonomía) con sus correspondientes políticas de transporte.
Falta de una política de apoyo al transporte en autobús, tanto desde el punto de vista de su imagen institucional, como cuentan otros modos de transporte, como desde el punto de vista de la inversión destinada a infraestructuras de transporte por carretera, como carriles bus, plataformas reservadas, aparcamientos disuasorios para vehículos privados en las cabeceras de líneas, estaciones de autobuses, intercambiadores de transporte... que colaboren a conseguir una nueva cultura del uso del transporte público como ya tienen numerosos países del norte y centro de Europa, y que cada día es mas necesaria, desde el punto de vista medioambiental y de calidad de vida.
