Cabe recordar que el presidente saliente de la patronal de operadores logísticos UNO, afirmó hace algunos días que el actual sistema de subvenciones a la formación en el sector de transporte y logística es "perverso" porque "el dinero que sale de las propias cotizaciones de los trabajadores y empresas no termina en revertir en ellos y, aproximadamente, un 30% del dinero concedido a patronales y sindicatos para este fin se queda en el camino para otros intereses".
Carta abierta
Lamento, en primer lugar, que se hayan interpretado, a través de los titulares, mal mis palabras dándoles un sentido y una intención que no era el pretendido; no quiero con ello culpar a nadie de la interpretación ni de la transcripción, sino contribuir a aclarar la misma y a subsanar, si es que lo habido, algún error en la transmisión que haya podido causar alguna ofensa mal entendida, en cuyo caso pido disculpas.
Desde siempre, vengo reivindicando un reparto de fondos más cercano a la realidad y a su fin, es decir a los trabajadores que se representa y no a otros criterios de representatividad que están lejanos a esa realidad y a ese fin. Esto, en lugar de solucionarse, cada vez está más distorsionado y alejado, siendo, precisamente, la perversidad denunciada del sistema la que lo provoca. No hay más que analizar los últimos repartos de fondos para darse cuenta de lo perverso de los mismos y de cómo se alejan del fin que deben perseguir, que no es otro que la formación continua de los trabajadores.
Cuando menciono la corrupción del sistema, me refiero al efecto que tiene la intermediación, que en algunos casos puede llegar al 30% de los ingresos de las asociaciones y, más concretamente, los que se obtienen por esta vía, que siendo, por supuesto, lícitos, se destinan a otros propósitos y no sólo a gestionar la formación. Esto es, precisamente, lo que supone un bloqueo a cualquier posibilidad de cambio en los criterios sobre los que luego se basan los repartos de los fondos, y, de aquí, la calificación, posiblemente poco acertada o afortunada, de financiación ilegal o corrupta.
Sigo creyendo que la intermediación debe aportar valor a la formación pero no debe servir a otros propósitos, ya que esto deteriora el objetivo del sistema, que, no lo olvidemos, es la formación continua: cuanto más se obtenga de la intermediación más riesgo hay de utilizarlo para otros fines, con el consiguiente impacto en la calidad de la misma.
Por supuesto que estamos descontentos con lo sucedido en el último reparto, pero no por ello elevamos la voz ahora, sino porque creemos que es el momento de cambiar las cosas: nuestras empresas y nuestros trabajadores no pueden verse impactados negativamente por esos criterios perversos y obsoletos.
Es mi obligación y así lo entiendo, reclamar / denunciar hasta el último minuto de mi mandato lo que considero injusto y pernicioso para UNO y el sector y no considero admisible el silencio por muy cerca que se esté del final del mandato de nadie. Es más, la no acción y el silencio los considero como un acto de cobardía empresarial y no forma parte de mi ADN. Esto no es sembrar dudas, sino hablar de realidades que pasan y deben cambiarse.
En ningún caso he hablado de ilegalidades y no tiene que quedar la más mínima duda de que, si ése hubiera sido el caso, habría sido el primero en ponerlo en conocimiento de las autoridades pertinentes. No admito lecciones de ética de nadie en este tema.
Pero como lo que he denunciado es, como mínimo, irregular y, sobre todo, mejorable voy y vamos a seguir denunciándolo, aunque se interprete en un sentido que no tiene e incluso pueda molestar.
Claro que confiamos en la labor de inspección, control y auditoría a las que sistemáticamente y, hasta de manera exhaustiva, llegan a ser sometidas las acciones formativas (hasta el extremo de exigir la devolución de céntimos incorrectamente justificados en opinión de los auditores) y, por eso, en ningún momento se ha cuestionado. Pero lo que sí cuestiono y de lo que discrepo es del sistema y su criterio de reparto. Y lo seguiré haciendo mientras así lo piense.
Espero que hayan quedado claras mis palabras y, sobre todo, la intención y el contenido de mi denuncia. Me considero responsable de lo que digo, pero cuando considero que la interpretación de las mismas no es la correcta, también me impongo la responsabilidad de salir al paso de las mismas para aclararlas aún con el riesgo que conlleva que no se quieran entender.
