En su boletín nº 298 de 24 de septiembre de 2013, la Federación Nacional Empresarial de Transporte en Autobús (Fenebús) ya había informado de la primera denuncia de este eurodiputado y de la consiguiente respuesta oficial de la Comisión Europea. Como institución garante del Derecho europeo, Meyer ha exigido esta vez que la Comisión Europea utilice sus recursos para recabar información sobre este tipo de infracciones.
Puesto que la Comisión había declarado en su respuesta anterior que no disponía de suficiente información al respecto y que tan solo estudiaría el caso ante un nuevo aporte de información por parte de Meyer, el eurodiputado entendía que el ejecutivo europeo podría estar incumpliendo las obligaciones que le son propias de conformidad con el Tratado de la UE. En base a ello, ha preguntado si la Comisión piensa iniciar una investigación.
Además, ha querido saber qué principio jurídico exonera la responsabilidad de recabar información sobre el tema del transporte escolar y la aplicación de la Directiva 2004/18/CE. También, ha vuelto a inquirir si el ejecutivo dispone ya de alguna información sobre el caso de Aragón y sobre el de la Junta de Castilla y León (objeto de un procedimiento de infracción incoado en junio de 2013).
Respuesta
El Comisario europeo de Transportes, Siim Kallas, le ha respondido que el caso en cuestión parece afectar a la reserva de cierto número de asientos en los servicios de transporte general en autobús prestados en virtud de una concesión de servicio público para las necesidades del transporte escolar. En principio y según la información disponible, Kallas ha asegurado que las Directivas sobre contratación pública no parecen ser de aplicación en este caso.
Por otra parte, el comisario ha recordado que las autoridades competentes de los Estados miembros son responsables de la organización y la prestación de servicios públicos en autobús y de transporte escolar, en cumplimiento de la legislación de la UE. Por lo que respecta a una posible infracción de la legislación de la UE por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, Kallas ha afirmado que la Comisión no ha recibido denuncia alguna al respecto por lo que con la información disponible no es posible concluir que exista una violación de la legislación de la UE.
Sin embargo, sí ha anunciado que el ejecutivo europeo se pondrá en contacto con las autoridades españolas con el fin de esclarecer cómo se organiza el transporte escolar en la Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso relativo a determinadas disposiciones de la legislación sobre transporte escolar en Castilla y León, Kallas ha recordado que se abrió un procedimiento de infracción contra España en fecha 20 de junio de 2013.
El comisario ha insistido que este caso no es semejante al de Aragón al tratarse de una violación de los principios de igualdad de trato y no discriminación establecidos por la Directiva 2004/18/CE. Según Kallas, esto es así porque un operador de transporte en autobús que presta servicios de transporte público general en autobús no debe tener preferencia en un procedimiento de adjudicación de contratos para la prestación de servicios de transporte escolar, ha explicado Fenebús.
