El nuevo documento sobre combustibles en el transporte propone restringir el uso de biocombustibles que están hechos con cultivos como la colza, el maíz, la remolacha o el trigo -y que pueden interferir en la producción de alimentos- por otros alternativos, como los que se producen con desechos.
La Comisión Europea ya había establecido que como máximo el 5% de la energía limpia procediera de cereales, mientras que el otro 5% debería ser cubierto por biocarburantes de última generación, como los producidos con biomasa, hidrógeno o electricidad.
En un principio España se opuso a la firma del acuerdo por considerar que podría perjudicar a los países que han invertido en biocombustibles tradicionales, pero finalmente habría participado del pacto, según agencias.
Llegar al 10% en seis años de margen
El pilar de la reforma es limitar la aportación de los biocombustibles tradicionales a los objetivos medioambientales de la UE para 2020, año en el que los Veintiocho se ha comprometido a que un 10 % de la energía utilizada en el sector del transporte provenga de fuentes limpias, sin importar su origen.
Tras varias modificaciones en el texto, que proponían niveles superiores de combustibles tradicionales frente a los limpios, sin establecer un mínimo para estos últimos, algunos países como Italia o Dinamarca tacharon la iniciativa de poco ambiciosa. El último texto presentado establecería un mínimo del 0,5% para los limpios.
Todo para disminuir la dependencia de la Unión Europea de los biocombustibles, cuyo uso después de todo parece que no son tan inocuos, sobre todo por sus efectos colaterales sobre la producción de alimentos.
