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La FEBT rechaza las acusaciones de la CNMC, mostrando total predisposición a colaborar en el proceso

Competencia incoa expediente a la Federación y a varias empresas baleares por posibles prácticas restrictivas

sábado 05 de septiembre de 2015, 02:00h

"Respetamos la decisión de la Comisión, pero no la compartimos en absoluto". Son las palabras del gerente de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), Salvador Servera, minutos después de conocerse las actuaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La FEBT rechaza las acusaciones de la CNMC, mostrando total predisposición a colaborar en el proceso

La CNMC emitió un comunicado en la mañana de ayer exponiendo que el 23 de abril de 2014 llevó a cabo distintas "inspecciones en las sedes de las Empresas Roig Bus, S.A., Transacobo, S.L. y Transunion Mallorca, S.L., así como en la sede de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT)", añadiendo que, en función de la información obtenida, se observan "indicios racionales" de posibles prácticas anticompetitivas.

Según la Comisión, tales prácticas "consistirían en la fijación de precios, el reparto del mercado y el intercambio de información comercialmente sensible en el transporte de viajeros por carretera, tanto de carácter regular como discrecional, en las Islas Baleares".

Esta es la razón por la que se ha decidido incoar expediente sancionador contra la FEBT y las siguientes empresas: San Antonio, S.A., Autocares Alcas, S.L., Autocares Alorda, S.L., Autocares Caldentey, S.L., Autocares Levante, S.L., Autocares Norte, S.A., Autocares Pujol Palmer, S.A., Autocares Rafael Nadal, S.L., Autocares Roca, s.l., Ibizatours & Islandbus, S.L., Jose Canovas Autocares, S.L., Transacobo, S.L., Transunión Mallorca, S.L., Roig Bus, S.A., Ultramar Express Tranport, S.A.U. y E.S.R. (empresario autónomo que opera con el nombre comercial autocares Emilio Seco).

Defensa y rechazo

Ante esta situación, NEXOBUS.com se puso en contacto con el gerente de la FEBT, Salvador Servera, quien afirma que "se respeta la decisión, pero no se comparte. Está claro que vamos a defender nuestra inocencia y, para ello, vamos a colaborar en el proceso, como hemos venido haciendo hasta la fecha" desde que se iniciaron las investigaciones, hace más de un año. Servera reconoce que no han tenido acceso aún al expediente y que existen cláusulas de confidencialidad, pero que su "predisposición a esclarecer este asunto es máxima".

La CNMC cifra en un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y su posterior resolución, recordando que "la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación", para que no se olvide la presunción de inocencia.