Entre las principales novedades que introduce el citado Real Decreto-ley son, por un lado, medidas para mejorar la liquidez a corto plazo de los ayuntamiento que tienen problemas financieros dotándoles de recursos para atender obligaciones de pago de vencimiento y exigibilidad inmediatos, sin incurrir en impagos de gastos.
Y por otro, se modifica la Ley de Contratos del Sector Público, para que el órgano de contratación pueda incluir adicionalmente el periodo medio de pago a proveedores del empresario, como acreditativo de su solvencia económica y financiera cuando concurre a un proceso de contratación pública.
