En palabras de presidente, Antoni Cañete, "vamos a trasladar la lista con los respectivos cálculos al Gobierno, y si éste no acomete medidas reales inminentes que frenen estos plazos abusivos lo remitiremos a la Unión Europea para su conocimiento. Asimismo, hemos informado también a los grupos parlamentarios, a quienes les hemos reivindicado que incluyan en sus programas electorales el régimen sancionador, entre otras medidas de lucha contra esta lacra".
Desde el inicio de la crisis, la morosidad se ha cobrado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido. Según los últimos datos recabados por la PMcM, durante el primer semestre del año el 74% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 15/2010.
En 2014, el plazo medio de pago del sector privado aumentó un 5% respecto al año anterior, pasando de 85 días en 2013 a 89 el año pasado, frente a los 60 legales, de acuerdo al informe anual de la PMcM. Mientras, el sector público mejoró sus plazos de pago reduciéndose un 26%, esto es, de 111 días en 2013 a 82 en 2014), cifra que aun así casi triplicaba el máximo legal (30 días).
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales (entre las que se incluye la asociación de transportistas Fenadismer), que en conjunto representan a cerca de un millón de empresas, con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros, y que dan empleo a más de cuatro millones y medio de trabajadores y autónomos.
