De hecho, la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Urbanos Colectivos (Atuc) reitera que España “es el único país de Europa que no tiene una ley al respecto, lo que le sitúa en el vagón de cola del continente”. Al respecto, la asociación subraya que ésto “debe ser subsanado por el próximo gobierno que salga de las urnas el 26 de junio”, tal como ha enfatizado en cada una de las cartas enviadas a los responsables de programa de los principales partidos en el inicio de campaña electoral.
Desde la asociación se insiste en la importancia de tener una ley de financiación de ámbito nacional
Desde la asociación se insiste en la importancia de tener una ley de financiación de ámbito nacional para conseguir una ordenación racional de los recursos económicos dirigidos al sector y una mejor gestión de las inversiones. Es decir, una ley que aporte estabilidad al funcionamiento del sistema. Para Atuc nada de esto es baladí teniendo en cuenta que el coste del sistema asciende a 5.000 millones de euros y que cada día cinco millones de personas utilizan el transporte público para ir y volver de los trabajos o clases, momentos de ocio o necesidades de desplazamiento. En definitiva, señala la asociación, “se trata de un pilar del estado del bienestar y a pesar de ello está pendiente regular su financiación”.
Imprevisible y nada homogéneo
Asimismo, desde Atuc se recuerda que este marco normativo, de llegar a desarrollarse y aprobarse, “evitaría la imprevisibilidad actual que sufren los ayuntamientos españoles, ya que desconocen las cifras que el Estado va a proporcionar al sistema hasta finales de año, cuando éstos necesitan elaborar con antelación sus presupuestos municipales”. Y no solo eso, continúa, “también se acabaría con la falta de homogeneidad, pues hay ciudades que reciben 0,05 euros por habitante y otras superan los 20 euros. La razón es que estos fondos se reparten fundamentalmente de acuerdo al déficit, lo que podría dar lugar a un sistema que premiaría una gestión menos eficiente”.
Para Atuc, el 26J “se presenta como una oportunidad para el gobierno resultante de las urnas de resolver una deuda histórica con el sector del transporte público, pudiendo además tomar como referencia ejemplos de leyes de financiación de ámbito autonómico ya existentes, como la catalana, o inspirarse en los contratos-programa que tiene el Estado con Madrid, Barcelona y Canarias, que sí proporcionan estabilidad a la gestión”. En el caso de la recientemente aprobada Ley de Financiación del Transporte Público en Cataluña, Atuc destaca que el texto diferencia claramente entre los gastos y las inversiones del sistema.
Para Atuc, el 26J se presenta como una oportunidad para el gobierno resultante de las urnas de resolver una deuda histórica con el Sector
Además, la legislación no solo identifica los costes, sino que también determina las obligaciones de cada administración. “Si observamos el ejemplo a nivel nacional, en la actualidad no está determinado qué parte de los costes debe soportar los usuarios, las corporaciones locales y las comunidades autónomas, así como los propios usuarios”, explican desde Atuc. En cuanto a inversiones, la ley catalana establece que, de cara a la financiación, se debe incluir una evaluación económica, social y ambiental desde la construcción hasta el final de la vida útil del proyecto.
Menos hormigón, más calidad de vida
Otro de los puntos principales que la patronal reclama para la próxima legislatura es la articulación de un nuevo modelo urbanístico en las ciudades que tenga a la movilidad como uno de los principales ejes vertebradores. En concreto, Atuc señala que es prioritario superar el “modelo de hormigón” que ha primado hasta ahora basado en la construcción de costosas infraestructuras y apostar por anteponer la calidad de vida de los ciudadanos.
Atuc señala que es prioritario superar pasar de la construcción de costosas infraestructuras a la calidad de vida de los ciudadanos
En este sentido, para la entidad es inadmisible situaciones como que 37 ciudades españolas superen los límites de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y es que la emisión de partículas contaminantes se asocia con multitud de problemas de salud, como diversos tipos de cáncer. Un problema para cuya solución hay que contar con el transporte público, pues permite evitar la emisión a la atmósfera de 2,5 millones de toneladas al año de dichas partículas.
Falta de concreción de los partidos
A pesar de todos estos deberes en materia de financiación del transporte público y de movilidad en los municipios españoles, Atuc lamenta la falta de iniciativas concretas en esta materia y la ausencia en los programas electorales de una propuesta para regular cómo se financia el sistema. “Si bien los partidos hablan de un nuevo modelo de movilidad, la falta de concreción de todos ellos provoca que estemos más bien ante eslóganes que ante una verdadera intención de cambiar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, señalan desde Atuc. La asociación reclama al próximo Gobierno que desarrolle durante la próxima legislatura un Proyecto de Ley de Financiación del Transporte Público y concrete políticas de desarrollo urbanístico basadas en la máxima de “menos hormigón, más movilidad”.
Atuc lamenta la ausencia en los programas electorales de una propuesta para regular cómo se financia el sistema
Para el
secretario general de Atuc, Jesús Herrero, “solemos hablar de la prosperidad de España en los últimos 30 años y de cómo se ha modernizado el país, pero aún queda mucho por hacer. Los partidos políticos deben ser conscientes de que el transporte público en España está cojo, no hay una ley de financiación que ponga orden a los recursos del sistema, y es triste saber que la excepción en Europa que lamentablemente confirma la regla es España”.